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Crisis fabricada, activismo electoral y estudiantes que nadie defiende.

Una crisis que no debió ocurrir

La pregunta no es retórica ni inocente: ¿a quién le sirve el paro en la Universidad Nacional de Colombia? Para responderla con rigor es necesario regresar al origen de la crisis, porque lo que Colombia ha presenciado durante los últimos veinte meses no fue un conflicto inevitable ni un choque natural de fuerzas democráticas. Fue el resultado calculado, o cuando menos negligente, de una decisión del Gobierno nacional de pisotear la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de 1991 y en la Ley 30 de 1992.

El 21 de marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario eligió de manera legítima al profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional. El proceso se ajustó a los estatutos, a la jurisprudencia y al espíritu de una autonomía universitaria que ha costado décadas de lucha construir. Lo que debió seguir era simple: posesión del rector electo, continuidad institucional, normalidad académica. Lo que siguió, en cambio, fue una cadena de decisiones gubernamentales que ignoraron actos administrativos en firme, alteraron la composición del Consejo Superior y culminaron en la designación posterior del profesor Leopoldo Múnera, en abierta transgresión de las reglas del juego convenidas.

La docente y experta en educación Edna Bonilla lo diagnosticó: lo que debió resolverse dentro de los cauces institucionales derivó en una cadena de violaciones al debido proceso. El Consejo de Estado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunciaron. En sentencia del 17 de febrero de 2026, este último ordenó al Consejo Superior que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, hiciera efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor Peña Reyes. No hubo ambigüedad posible. El 19 de febrero, el Consejo Superior cumplió por unanimidad. Dos años perdidos para volver exactamente al punto de partida. Dos años que ningún estudiante, ningún investigador, ninguna familia colombiana recuperará jamás.

Esta es la raíz del problema: no un debate académico ni pedagógico, sino la instrumentalización política de la universidad pública más importante del país. Y cuando una institución es instrumentalizada desde el poder, quienes pagan el precio son siempre los más vulnerables.

Las cifras del daño: 54.596 personas con nombre y apellido

Cuando se habla del paro en la Universidad Nacional, conviene señalar quiénes sufren sus consecuencias. La institución tiene hoy 54.596 estudiantes matriculados. De ellos, 48.633 (90 % del total) cursan programas de pregrado. Son jóvenes colombianos, muchos de ellos primeros en su familia en acceder a la educación superior, que llegaron a la Nacional no porque sea fácil, sino porque es lo mejor que Colombia tiene de calidad sin cobrarles fortunas.

El presupuesto total de la universidad asciende a 3,28 billones de pesos anuales. Dividido entre los 365 días del año, cada día de inactividad representa un costo para la nación de más de 9.000 millones de pesos. Si el cálculo se hace sobre días laborales (243 al año), la cifra asciende a 13.538 millones de pesos por día. No se trata de dinero abstracto: es el valor de laboratorios que no se usan, de clases que no se dictan, de investigaciones interrumpidas, de procesos de grado que se suspenden, de proyectos científicos que pierden momentum mientras el mundo avanza.

Comparemos con universidades como Los Andes, Rosario, Javeriana, instituciones........

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