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En medio del dolor y la indignación nacional por el asesinato de Miguel Uribe, queda en evidencia que este crimen no es un hecho aislado. Las primeras investigaciones apuntan directamente a las disidencias de las FARC: organizaciones criminales que operan impunemente y actúan desde territorio venezolano bajo la protección tácita del régimen de Nicolás Maduro. Esta conexión transnacional entre grupos armados y gobiernos autoritarios convierte el asesinato en un acto simbólico de terror político.

Mientras el crimen sacude la conciencia de dos naciones reunidas en luto, los gobiernos de Colombia y Venezuela avanzan —con poco debate y excesiva opacidad— en la creación de una llamada “zona binacional de desarrollo compartido” en la frontera. Bajo la justificación de promover comercio, turismo y desarrollo, este acuerdo prepara el terreno para la expansión del poder criminal que le arrebató la vida al joven político.

El asesinato de Miguel es, por tanto, una tragedia política en dos sentidos: por su brutalidad y por lo que expresa. Un acto cometido por estructuras terroristas desde territorio extranjero, mientras el Estado colombiano parece normalizar formas de “integración” fronteriza que podrían, paradójicamente, consolidar esas mismas estructuras delincuenciales que lo asesinaron.

Su video exigiendo el cese de la persecución contra María Corina Machado —“Si en Venezuela no hay libertad, en Colombia no habrá paz”— se convirtió en un mensaje profético. Hoy, su muerte es una advertencia: no es que la casa del vecino se esté incendiando, es que la nuestra ya agarró........

© El Espectador