Hay debates que reaparecen cíclicamente, signo inequívoco de que nunca han quedado suficientemente conciliados. El de la distribución funcional de la renta es uno de ellos. Cada vez que la economía se desacelera o que la inflación erosiona el poder adquisitivo de las familias, regresa la misma pregunta: ¿quién se queda con qué? Y seguidamente surge la soflama acostumbrada: el capital avanza, el trabajo retrocede. La consigna progresa con desigual intensidad política, hasta confrontarla al veredicto de los datos, y aun después.

La renta nacional —el PIB medido por el lado de la renta— se distribuye en tres grandes agregados: la remuneración de los trabajadores, esto es los sueldos y salarios, el excedente bruto de explotación (EBE), donde se integran mayoritariamente los beneficios empresariales incluido el colectivo de autónomos y el Estado por el concepto de Impuestos netos sobre producción e importaciones menos subvenciones. En los últimos 25 años el tercer epígrafe ha resultado particularmente estable entre el 10 y el 11 % del PIB corriente. Omitiremos en lo que sigue este tercer concepto. La distribución funcional de la renta (DFR) determinará, en consecuencia, el peso relativo en el sistema de los dos restantes factores: salarios y beneficios empresariales. Los datos provienen de la Contabilidad Nacional del INE y de Eurostat, complementados con otros análisis recientes (Funcas, diciembre 2025).

Tiempo atrás, en España, la participación salarial alcanzó un máximo del 56,5 % del PIB. Era el año 1977. Ese dato suele invocarse como el clímax de un equilibrio distributivo favorable al trabajo. Pero aquel pico fue excepcional: los años 70 constituyeron una década sombría. Coincidieron en el tiempo la transición política, una inflación elevada, fuerte presión sindical y márgenes empresariales comprimidos en una economía cerrada y poco competitiva. A la crisis política del ocaso del franquismo se sumaron los shocks del petróleo de 1973 y 1979. El precio del crudo se multiplicó por cuatro, desatando una inflación de dos dígitos y una fuerte destrucción de empleo. La industria española, muy dependiente del petróleo, entró en crisis. No puede fijarse por tanto el de 1977 como un punto de equilibrio sostenible, sino un momento singular en pleno proceso de despegue de la economía española hacia la modernización.

Desde entonces, la........

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