En un mundo globalizado donde el capital, el talento y las empresas se dirigen con rapidez hacia aquellos territorios que ofrecen mejores condiciones para crear valor, la fiscalidad constituye uno de los factores determinantes de la capacidad de una economía para atraer y retener recursos productivos. El reciente informe Competitividad Fiscal 2025 del Instituto de Estudios Económicos (IEE), elaborado en colaboración con la Tax Foundation, confirma de manera rotunda que España se consolida en la cola de los países desarrollados en atractivo fiscal. Ocupa el puesto 34 de 38 en el Índice de Competitividad Fiscal Internacional de la OCDE, con una puntuación de 57,9 sobre 100, sensiblemente por debajo de la media europea y acumulando un retroceso significativo desde 2018.

Este no es un problema coyuntural, sino estructural. España ha optado por elevar de forma sistemática la presión sobre las empresas hasta convertirlas en el principal pilar recaudatorio del Estado. Según el informe, las empresas españolas soportan una contribución fiscal total que representa el 48,8% de la recaudación pública, muy por encima del 37,8% de media OCDE. En términos de PIB, esa carga alcanza el 17,8%, frente al 12,8% de la OCDE y el 14,8% de la UE. Y lo más alarmante: sobre el Excedente Bruto de Explotación —la renta empresarial propiamente dicha—, el gravamen se dispara hasta el 41,6%, muy superior al 31% de la OCDE.

Ese enfoque revela una concepción errónea del papel de la empresa en la sociedad. Lejos de ver al empresario........

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