La política exterior de España se ha convertido en el juguete de las pulsiones ideológicas de un gabinete de izquierda radical que ha hecho de la hostilidad a Occidente su seña de identidad. La proyección internacional del Estado debe ser el reflejo unívoco de sus intereses estratégicos permanentes y de su pertenencia, por convicción y derecho, al ámbito de las democracias occidentales. Sin embargo, bajo el mandato de Pedro Sánchez, España ha decidido transitar por una senda de creciente irrelevancia acompañada de una animadversión gratuita y exponencial hacia sus aliados naturales. Esto sólo cabe calificarse como un suicidio geopolítico de dimensiones históricas.

La contumaz negativa del Gobierno a prestar asistencia logística y operativa a los EEUU en las bases de utilización conjunta de Rota y Morón es una enmienda a la totalidad de la credibilidad internacional de España y una ruptura unilateral de la pacta sunt servanda que rige las relaciones entre aliados. Mientras el mundo asiste a una operación, tras décadas de impunidad, contra una teocracia que ha hecho de la desestabilización regional y del terrorismo de Estado su razón de ser, el Ejecutivo español se refugia en un pacifismo de salón que, en la práctica, es un balón de oxígeno a una de las tiranías más liberticidas y sanguinarias del planeta, que, además, constituye una amenaza para la seguridad colectiva.

La respuesta liderada por Washington contra las infraestructuras estratégicas y militares de Teherán marca un punto de inflexión sistémico. Se está ante un escenario de una trascendencia absoluta que puede redefinir el equilibrio del poder mundial y la arquitectura de seguridad en el flanco sur de Europa. Ante esta situación, la reacción del Gobierno español es indigna. Al prohibir el uso de las capacidades logísticas de las bases, Sánchez no protege la legalidad internacional, sino dinamita los compromisos internacionales de España y la coloca en un no alineamiento de facto que recuerda los periodos más oscuros de la autarquía y de la marginalidad diplomática.

Por añadidura, el daño económico de esta deriva es incalculable. La inversión extranjera no es un flujo caprichoso ni una concesión graciosa del capital, sino una respuesta racional al entorno de certidumbre, de seguridad jurídica y de la estabilidad estratégica que un país es capaz de proyectar. Al mutar de aliado poco fiable a socio infiable para Washington, el Gobierno ha dado un salto cualitativo y ha elevado de manera significativa la prima de riesgo geopolítico de España. El anuncio de la administración Trump respecto al cierre comercial, respuesta directa a la deslealtad española, supone un duro golpe para la economía. En términos estáticos, una estimación conservadora del impacto de esa medida arroja una pérdida de PIB superior al 1,2% anual. Por añadidura, nadie invierte en una jurisdicción cuyo Gobierno juega a la ambigüedad con regímenes totalitarios mientras muerde la mano de quien garantiza, en última instancia, la libre navegación y el orden comercial global. En este contexto, la inversión extranjera en España, no sólo la estadounidense tiene serio riesgo de reducirse de forma sustancial.

Por otra parte, la crisis abierta entre EE.UU. y España afectará a la posición de las empresas españolas con inversiones en USA que superan ya los 80.000 millones de euros. Las grandes empresas nacionales en los sectores de infraestructuras, gestión de energía y servicios financieros, que hoy generan más del 25% de sus beneficios globales en suelo estadounidense, se enfrentan a un escenario de potencial hostilidad regulatoria y de represalias administrativas en Washington. Al sacrificar la alianza estratégica por un clientelismo ideológico de corto vuelo, Sánchez lanza un torpedo a una parte relevante del tejido empresarial español.

Mientras el Gabinete se dedica a recolectar agradecimientos de organizaciones terroristas y regímenes totalitarios, otras potencias, como Marruecos, refuerzan su condición de el interlocutor leal y privilegiado de Estados Unidos en la región. Pero hay no termina la historia. Además, la pérdida de peso en Europa de una España proscrita por Washington no es una fantasía, sino una hipótesis de probable materialización. Esto se traduce en una pérdida de soberanía real y en una merma de la capacidad de influencia. En otras palabras, España va pagar un precio muy alto en términos de inversión, de seguridad y de prosperidad.

Que el Gobierno de España, por puro cálculo de supervivencia de una izquierda radicalizada y acorralada, haya decidido jugar el papel de observador hostil a sus aliados en el contexto del choque frontal entre el mundo civilizado y un régimen abyecto es una traición todo aquello que define a un Estado civilizado. Cuando el humo de los misiles se disipe, España se encontrará en el rincón de la historia, sola y despreciada por quienes antes nos llamaban socios. La factura de la soberbia ideológica y del entreguismo ante el radicalismo enemigo de Occidente tendrá consecuencias y, por desgracia, duraderas. Será necesario mucho tiempo, mucho esfuerzo y, desde luego, otro Gobierno para reparar el daño causado.

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