Desde su implantación en 2020, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha transitado de ser una supuesta red de seguridad coyuntural a erigirse en otro de los pilares de la hipertrofia estructural del gasto público en España. Conforme a los datos publicados el pasado 6 de febrero, en el pasado ejercicio, el número de hogares receptores ha experimentado un crecimiento del 18,7%, alcanzando las 798.312 familias, casi 2,5 millones de personas. En sus años de funcionamiento, el sistema ha "asistido" a cerca de 3,4 millones de ciudadanos. Su coste ya desborda los 457,7 millones de euros mensuales. La retórica oficial presenta el IMV como un hito de la justicia social y la inclusión; sin embargo, la realidad es cruda y desoladora: se ha convertido en un consolidador-estabilizador de la marginalidad y en una expresión purulenta de la "trampa de la pobreza".

Se está ante un caso de manual de la denominada histéresis de la exclusión. El hecho de que el 60% de los perceptores permanezca en el programa de forma ininterrumpida por más de tres años, y que apenas un 11% haya logrado una transición efectiva al mercado laboral, es la prueba fehaciente de que el IMV no es un trampolín, sino un anestésico social de efectos devastadores. Al garantizar una renta sin contrapartida de ningún género –ni formación obligatoria real, ni búsqueda activa de empleo fiscalizada con rigor–, se erosiona la ética del trabajo y se destruye sistemáticamente el capital humano de los beneficiarios. La inactividad prolongada es un proceso de descapitalización personal donde las habilidades se oxidan y el vínculo con la realidad productiva se quiebra.

La arquitectura del IMV genera incentivos perversos, exacerbados con cada revalorización demagógica, como la del 11,4% aplicada para el presente ejercicio. En la España actual, para una familia tipo (2 adultos con 2 hijos), el subsidio ya supera en un 19% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en un 22,6% el salario más frecuente y supone el 83% del salario medio neto. Para un ciudadano de baja cualificación, el coste de oportunidad de abandonar el subsidio y aceptar un empleo es, en términos de utilidad marginal, sencillamente prohibitivo. Ante una diferencia exigua -o incluso negativa- entre el ocio subvencionado y el esfuerzo laboral, el individuo optará por la inactividad o por compatibilizar la ayuda con la economía sumergida.

Esa perversión de incentivos se ve agravada porque la interacción entre el IMV y el sistema fiscal genera tipos impositivos efectivos que, en los tramos de renta bajos, pueden superar el 100%. Esto significa que, por cada euro adicional que un beneficiario gane en el mercado formal, el Estado le detrae una cantidad equivalente o superior mediante la reducción progresiva del subsidio y el pago de cotizaciones sociales. Ante esta situación, la pregunta es evidente: ¿Para qué buscar un empleo si el sistema castiga la prosperidad? Estamos ante una "ley de Say" a la inversa: el Estado cree que la demanda de bienestar crea su propia oferta, cuando en realidad lo que genera es una oferta masiva de inactividad que estrangula la contratación en los sectores de menor valor añadido.

El contraste con el panorama europeo es demoledor para el modelo español. Mientras la mayoría de los países desarrollados han pivotado hacia sistemas de welfare-to-work, donde la ayuda está indisolublemente ligada a una rápida inserción laboral y se sanciona el rechazo de ofertas de trabajo, España ha optado por un subsidio de carácter incondicional. En naciones donde la flexibilidad laboral es la norma, las rentas mínimas actúan como un seguro de desempleo de última instancia que fomenta la rápida reentrada en el flujo productivo. Aquí se ha implantado un asistencialismo de tintes peronistas que condena a sus beneficiarios a una precariedad tutelada por el poder político.

El bienestar de una nación no se mide por el volumen de sus transferencias sociales, sino por la capacidad de sus ciudadanos para generar riqueza y prosperar, El IMV ha creado una nueva clase de siervos del Estado, una clientela electoral cautiva cuya subsistencia depende de la arbitrariedad del BOE. Este modelo ignora algo elemental: si se subsidia la pobreza, se obtiene inexorablemente más pobreza. La verdadera solidaridad no consiste en la redistribución coactiva sino en crear las condiciones que estimulan el trabajo, el ahorro y la inversión.

En un país con una deuda pública y un déficit estructural elevados, la expansión del IMV es irresponsable. No se trata solo del desembolso directo, sino del coste de oportunidad de esos recursos que dejan de destinarse a inversiones productivas o rebajas fiscales. El gasto en protección social ya absorbe una parte leonina de los Presupuestos Generales del Estado, y programas como el IMV sólo alimentan la burocracia y la dependencia para sostener un sistema que ni rescata a los pobres ni permite prosperar a quienes trabajan y producen.

En definitiva, el IMV es un experimento de ingeniería social cuyos resultados son desoladores. Ha fracasado en su objetivo declarado de inserción y sólo ha logrado acentuar la dependencia del individuo respecto al Gobierno.

© El Economista