Desde su implantación en 2020, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha transitado de ser una supuesta red de seguridad coyuntural a erigirse en otro de los pilares de la hipertrofia estructural del gasto público en España. Conforme a los datos publicados el pasado 6 de febrero, en el pasado ejercicio, el número de hogares receptores ha experimentado un crecimiento del 18,7%, alcanzando las 798.312 familias, casi 2,5 millones de personas. En sus años de funcionamiento, el sistema ha "asistido" a cerca de 3,4 millones de ciudadanos. Su coste ya desborda los 457,7 millones de euros mensuales. La retórica oficial presenta el IMV como un hito de la justicia social y la inclusión; sin embargo, la realidad es cruda y desoladora: se ha convertido en un consolidador-estabilizador de la marginalidad y en una expresión purulenta de la "trampa de la pobreza".

Se está ante un caso de manual de la denominada histéresis de la exclusión. El hecho de que el 60% de los perceptores permanezca en el programa de forma ininterrumpida por más de tres años, y que apenas un 11% haya logrado una transición efectiva al mercado laboral, es la prueba fehaciente de que el IMV no es un trampolín, sino un anestésico social de efectos devastadores. Al garantizar una renta sin contrapartida de ningún género........

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