La crisis desatada por el aumento de los precios del petróleo y del gas es un shock inesperado e inevitable a raíz de la guerra con Irán, pero es también una enmienda a la totalidad de una política que ha priorizado la ingeniería social y el ecologismo de salón sobre la seguridad energética de España y la competitividad de su economía. Ante esta situación, el dilema es el de siempre: optar por la ortodoxia de la eficiencia —aquella que entiende que los precios son señales de escasez y no agravios morales— o sucumbir al populismo de corto vuelo que pretende derogar las leyes de la economía mediante el BOE. En este contexto es tan importante saber lo que ha de hacerse como que no ha de hacerse y en base a ambos criterios ha de evaluarse la acción del Gobierno.

Un shock de esta naturaleza genera un aumento inevitable de los precios. Es básico asumir esa realidad y ello implica dejar que el sistema de precios funcione. Cualquier intento de intervenir el pool eléctrico, establecer "topes" al gas o fijar precios máximos en el surtidor solo provocará desabastecimiento latente, y una asignación ineficiente de los recursos. Por tanto, la respuesta a esta situación debería fundamentarse en una desregulación masiva y en el establecimiento de una neutralidad tecnológica real. La seguridad de suministro es técnica y empíricamente........

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