La crisis desatada por el aumento de los precios del petróleo y del gas es un shock inesperado e inevitable a raíz de la guerra con Irán, pero es también una enmienda a la totalidad de una política que ha priorizado la ingeniería social y el ecologismo de salón sobre la seguridad energética de España y la competitividad de su economía. Ante esta situación, el dilema es el de siempre: optar por la ortodoxia de la eficiencia —aquella que entiende que los precios son señales de escasez y no agravios morales— o sucumbir al populismo de corto vuelo que pretende derogar las leyes de la economía mediante el BOE. En este contexto es tan importante saber lo que ha de hacerse como que no ha de hacerse y en base a ambos criterios ha de evaluarse la acción del Gobierno.

Un shock de esta naturaleza genera un aumento inevitable de los precios. Es básico asumir esa realidad y ello implica dejar que el sistema de precios funcione. Cualquier intento de intervenir el pool eléctrico, establecer "topes" al gas o fijar precios máximos en el surtidor solo provocará desabastecimiento latente, y una asignación ineficiente de los recursos. Por tanto, la respuesta a esta situación debería fundamentarse en una desregulación masiva y en el establecimiento de una neutralidad tecnológica real. La seguridad de suministro es técnica y empíricamente incompatible con el dogmatismo gubernamental que restringe fuentes de energía por motivos ideológicos.

En este marco, la derogación inmediata del calendario de cierre de las centrales nucleares españolas es imprescindible para dar estabilidad a la red. La energía nuclear actúa como "carga de base" que desplaza hacia la derecha las tecnologías marginalistas más caras en la curva de oferta de generación. Por ello, mantener su capacidad operativa reduce de forma automática la dependencia del gas natural para la generación eléctrica y aplana el pico de precios en el mercado mayorista.

A esta medida ha de sumarse la eliminación del recargo de producción y de cualquier canon arbitrario sobre la extracción y almacenamiento de hidrocarburos. Estos gravámenes son un impuesto directo sobre la inversión. Al suprimir el recargo, se reduce la tasa mínima de rentabilidad exigida para nuevos proyectos de prospección y mejora de infraestructuras gasistas en territorio nacional. Esto desplaza la curva de oferta de gas hacia la derecha, permitiendo que proyectos que no eran rentables a causa de la presión fiscal española lo sean, lo que aumenta la resiliencia del sistema ante shocks externos.

Para aliviar la situación de las familias y de la industria la vía no es el subsidio ni el control de precios, sino la reducción de los impuestos especiales y del IVA sobre la energía. Esto devuelve renta disponible a los españoles de forma directa sin alterar la señal de escasez que el mercado envía a través del precio bruto, lo que permite que el ajuste de la demanda se produzca de forma natural y no traumática. A esto debe sumarse la demolición de los cuellos de botella administrativos. En España, la inversión se ve lastrada por un entramado burocrático asfixiante que impide desarrollar cualquier proyecto de infraestructura que refuerce la oferta energética.

En este contexto, la creación de un Fondo de Compensación financiado forzosamente por las empresas gaseras y petroleras ubicadas en España es una aberración demagógica. Bajo la apariencia de una redistribución de "beneficios extraordinarios", se esconde un mecanismo que quebranta la seguridad jurídica y altera ex-post las reglas del juego. Este tipo de medidas suponen un aumento inmediato de la prima de riesgo regulatoria. El capital es móvil y, si el retorno de una inversión de largo ciclo en suelo español se ve sujeto al capricho confiscatorio ante cualquier perturbación externa, el flujo de inversión en el sector energético se detendrá. Además es disparatado castigar la capitalización de las empresas cuando más flujo de caja necesitan para asegurar el suministro futuro, invertir en interconexiones y diversificar sus fuentes. Y un grave error de análisis ignorar la incidencia real de este tipo de fondos. Un gravamen sobre la oferta termina trasladándose al consumidor final a través de menores niveles de inversión o mayores costes operativos, reduciendo la capacidad productiva de España a medio plazo.

Por último, el desenlace de esta crisis exige -cosa imposible con este Gobierno- la asunción de la evidencia histórica; esto es, la reducción de la fiscalidad sobre el capital y de cargas burocráticas ha demostrado ser un catalizador mucho más potente para la recuperación de la oferta que cualquier esquema de intervención estatal. En crisis previas, aquellos países que permitieron la retención de beneficios en el sector energético lograron una renovación de sus infraestructuras mucho más ágil, permitiendo una caída de precios orgánica una vez superado el estrangulamiento de la oferta.

La creación de fondos sectoriales obligatorios es, en esencia, una nacionalización parcial de beneficios que garantiza la obsolescencia y el estancamiento. La crisis con Irán no se resuelve en España con ingeniería social ni con fondos de cohesión alimentados por el expolio a la estructura productiva, sino con un marco de estabilidad y libertad de precios que permita al mercado reequilibrarse por la vía de la inversión y la competencia.

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