La utilización por parte del Gobierno de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación para sufragar el pago de pensiones durante 2024, señalado por el Tribunal de Cuentas, constituye una de las decisiones presupuestarias más preocupantes y heterodoxas de los últimos años. No sólo por el precedente económico que implica, sino porque evidencia, una vez más, la profunda fragilidad financiera del sistema público y la deriva política de un Ejecutivo instalado en la improvisación permanente y en la negación sistemática de la realidad.

La cuestión es grave desde varios planos. En primer lugar, desde el estrictamente jurídico-presupuestario. El artículo 52 de la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003, es meridianamente claro al impedir que créditos destinados a operaciones de capital o inversión puedan ser utilizados para financiar gasto corriente. Y las pensiones, por definición, constituyen gasto corriente. No existe aquí margen interpretativo razonable. La norma busca precisamente evitar uno de los mayores vicios de la política fiscal: consumir recursos extraordinarios, finalistas o destinados a inversión productiva en financiar gasto estructural recurrente.

Porque eso es exactamente lo que ha sucedido. Se han empleado recursos concebidos para transformación económica, modernización y mejora de la productividad en tapar un agujero corriente derivado de la insuficiencia presupuestaria de la Seguridad Social. Es decir, se ha consumido ahorro extraordinario para pagar gasto........

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