Jamás se ha constituido en ningún pueblo un poder judicial más inmenso (el del Tribunal Supremo de Estados Unidos)." De hecho, "el poder concedido a los tribunales americanos de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes forma aún una de las barreras más poderosas que jamás se hayan levantado contra la tiranía de las asambleas políticas." El pasado viernes 20 de febrero de 2026, seis de los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ratificaron la validez de estas citas de "La democracia en América", el libro de 1835 de Alexis de Tocqueville. Es difícil valorar la enorme importancia de la sentencia por la que se declaran inconstitucionales los aranceles basados en la "emergencia nacional" que el presidente Trump estableció frente a productos de casi todo el mundo. Porque esta sentencia es importante para el comercio internacional, pero, sobre todo para la salud institucional de la democracia más grande e importante del planeta.

Una democracia efectiva sólo puede funcionar si se garantiza el Estado de Derecho, y por lo tanto, el poder ejecutivo se somete a la Constitución. Además, los Estados Unidos nacieron de una revolución fiscal, la rebelión frente a los impuestos, establecidos sin representación, por la metrópoli británica. Precisamente por eso, la Constitución de los Estados Unidos reserva el poder tributario al Congreso, y además especifica que las leyes fiscales deben originarse en la Cámara de Representantes, que representa al Pueblo, frente al Senado que representa a los estados federados. Como un arancel no deja de ser un impuesto, lo mínimo que se puede exigir al presidente es que se atenga a los límites impuesto por la ley al crearlos, lo que no ha sido precisamente el caso, al menos para una amplia mayoría del Tribunal Supremo, incluyendo a tres jueces nombrados por él.

Los aranceles, como todas las barreras proteccionistas, empobrecen. Y la razón es que la producción no se localiza donde es más conveniente producir, sino donde, por las razones que sean, y en algunos casos en estos meses, ha sido el puro capricho presidencial, se pagan menos aranceles. Si no se produce ni donde ni como es más conveniente, la consecuencia es el empobrecimiento y la subida de precios. Porque, en última instancia quiénes pagan el arancel son los consumidores. Como señalaba Milton Friedmann, los aranceles protegen a los consumidores de los "precios bajos". Como señalaron hace dos siglos Adam Smith y David Ricardo, el comercio como intercambio voluntario, favorece a largo plazo a todos los que intervienen en el mercado, incluso los menos eficientes. Por eso, la historia del crecimiento económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial es la historia del desarrollo del comercio mundial, y del desarme arancelario, tanto regional, como las áreas de libre comercio, como la Unión Europea, como global.

Donald Trump perseguía tres objetivos contradictorios con su política arancelaria. El primero de ellos es obtener recaudación, y efectivamente, los aranceles han paliado los efectos recaudatorios de la "big and beatiful act" (gran y bella ley), es decir la ley de rebaja de impuestos. Por supuesto, lo que ha permitido obtener recaudación, como siempre, son los aranceles indiscriminados y "relativamente" bajos. Los aranceles más elevados han ocasionado desviaciones de tráfico hacia otros lugares. Desde un punto de vista económico, los primeros se acaban repercutiendo a precios, y los pagan los consumidores. Sin embargo, cuando los aranceles son excesivamente elevados, como los que establecieron a China (que llegaron a superar el 145%), lo que se origina es que se deje de comerciar. Esto no sólo supone un empobrecimiento del exportador, sino también del consumidor que ya no puede acceder a determinados productos.

Como este objetivo, el de recaudar, sí se estaba consiguiendo, la reacción de Trump a la Sentencia del Tribunal Supremo, además de insultar a los seis jueces que habían votado contra la ley, fue establecer un arancel universal del 10%, y con "amenaza" de subirlo al 15%. La materialización de esta amenaza de subida dependerá, en mi opinión, de la evolución económica de Estados Unidos, de las devoluciones que acuerden los Tribunales, y de lo que ocurra con los tratados comerciales.

Porque, lo que no se ha conseguido Trump son los otros dos objetivos, es decir que los aranceles los paguen los exportadores, ni tampoco que se traslade producción de forma significativa a Estados Unidos. Y si el aumento de precios no ha sido tan fuerte como muchos esperaban, esto se debe a que Estados Unidos está en punta de lanza de una revolución tecnológica, que es la de la inteligencia artificial, que está reduciendo costes (y empleo) en muchos procesos, lo que acaba derivando en servicios más baratos.

La administración Trump ha utilizado los aranceles como estrategia de presión para negociar con resultados desiguales. Precisamente, el efecto más directo de la sentencia es la reducción sustancial de este poder de negociación del presidente de Estados Unidos. Esto no sería una reducción del poder de negociación norteamericano, si hubiese una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado favorable a la política arancelaria de Trump. Pero, Trump ha recurrido a poderes de emergencia porque, aunque el Partido Republicano cuenta con mayoría en ambas cámaras, esta política arancelaria no es popular. Lo previsible es que, después de las elecciones de medio mandato, esto se refuerce, bien porque haya mayorías demócratas en la Cámara de Representantes, probable, o incluso también en el Senado, y porque el americano medio no está percibiendo precisamente beneficios de las subidas arancelarias. Precisamente por eso, irónicamente, el mayor beneficiado por esta sentencia antiautoritaria, quizás acabe siendo el régimen autoritario de China, que no sufra los aranceles más elevados de todos.

A corto plazo, que el Tribunal Supremo limite los poderes de Trump para establecer aranceles provocará inseguridad jurídica. Sin embargo, a medio y largo plazo, dará estabilidad y favorecerá el comercio internacional. Las razones de esta mayor estabilidad, y, sobre todo, el valor esencial del proceso legislativo las señala en su voto concurrente el Juez Gorsuch, elegido por el propio Donald Trump. Creo que merece la pena concluir estas líneas con esta cita imprescindible, que no sólo vale para Estados Unidos, sino para cualquier democracia digna de tal nombre:

"…la mayoría de las grandes decisiones que afectan a los derechos y responsabilidades del pueblo estadounidense (incluido el deber de pagar impuestos y aranceles) se canalizan a través del proceso legislativo por una razón. Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede resultar tentador eludir al Congreso cuando surge un problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo era precisamente el propósito mismo de su diseño. A través de ese proceso, la Nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o de un hombre. Allí, la deliberación modera el impulso y el compromiso forja las discrepancias hasta convertirlas en soluciones viables. Y como las leyes deben obtener un apoyo amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar, permitiendo a las personas corrientes planificar sus vidas de un modo que no pueden cuando las reglas cambian de un día para otro. En definitiva, el proceso legislativo ayuda a garantizar que cada uno de nosotros tenga un interés en las leyes que nos rigen y en el futuro de la Nación. Para algunos hoy, el peso de esas virtudes es evidente. Para otros, puede que no parezca tan obvio. Pero si la historia sirve de guía, la situación cambiará y llegará el día en que quienes se sientan decepcionados por el resultado de hoy apreciarán el proceso legislativo como el baluarte de la libertad que es."

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