Hace un mes, en este mismo espacio, informamos que el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo de Pereira, emitido el 7 de julio de 2025, en él se declaró que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira (Aguas y Aguas) incumplió lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, normas que establecen los parámetros de contratación para entidades oficiales no sometidas al Estatuto General de Contratación, pero que deben respetar los principios de transparencia y publicidad.

El fallo ordenó a Aguas y Aguas publicar toda su actividad contractual desde el 18 de julio de 2022, incluyendo documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratistas, supervisores e interventores, en todas las etapas del proceso contractual. También deberá hacerlo con toda contratación futura, en un plazo improrrogable de tres meses.

Anticipamos entonces que la empresa buscaría invalidar el fallo, contratando abogados, pagados con recursos públicos, para no revelar información que debería ser pública. Y así ocurrió: Aguas y Aguas solicitó la nulidad del fallo, alegando que, por ser una empresa mixta de servicios públicos domiciliarios, no tiene la calidad de autoridad pública. Además, argumentó que el recurso de insistencia fue presentado por el mismo solicitante de los documentos, lo que —según su interpretación—........

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