“…que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”

José María Morelos y Pavón

Publicidad

El plan de desmantelamiento institucional se lleva a cabo en México por parte de los gobiernos de la 4T. Le debería de dar vergüenza a muchos y muchas ‘profesionistas’ del derecho, académicos, entre otros (algunos incluso que participaron en la elección judicial) defender a un gobierno que cada día va acotando más las libertades de los ciudadanos, siempre en beneficio del propio gobierno. Se ve que el compromiso de muchos de ellos no es con las libertades, ni con los derechos de los ciudadanos, sino con el gobierno más corrupto que ha existido en la historia de México.

Hace poco más de dos semanas, la Presidenta de México envió una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo al Congreso para el efecto de reformar la Ley de Amparo. A la 4T no le bastó con destruir al Poder Judicial de la Federación (que era el último reducto para combatir las arbitrariedades del poder) sino que se decide también a modificar la ley para no dejar ningún cabo suelto.

Para los que tuvimos la fortuna de estudiar derecho, desde la universidad siempre se nos dice que el amparo es una institución que México le regaló al mundo. Es un medio de control constitucional que sirve para que los actos de la autoridad se ajusten a los márgenes constitucionales, haciendo valer la supremacía de la Constitución y reintegrando a los ciudadanos en el goce de los derechos humanos que las autoridades vulneran con su actuación.

Recuerdo en alguna ocasión haber discutido con un abogado que expresaba que el amparo solo existía en países cuyas autoridades eran irresponsables y violaban sistemáticamente los derechos humanos. Puede que así sea. En un país como el........

© El Diario