“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

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I. Votar en las elecciones populares…”: Constitución Política de los EUM.

Hoy se concretará lo que se creyó había sido un exabrupto: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un Gobierno de la República!”, arengó López Obrador a sus seguidores en el lejano -y en la percepción aún más lejano- 1o de septiembre de 2006.

La elección del Poder Judicial es la culminación de la puesta en vigor de una concepción sobre la democracia, de la cual ni su creador, ni sus operadores tienen pleno conocimiento pues todavía en aquella fecha, el tabasqueño anunciaba que impulsaría un gobierno ‘de la república’, cualquier cosa que creyera en aquel momento.

Con la elección de los juzgadores se le habrá puesto el último clavo al ataúd de la república, tal como se había conceptuado por las fuerzas políticas y sociales mayoritarias del país, incluidas las principales fuerzas políticas de derecha e izquierda del último medio siglo.

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La presidenta Sheinbaum -y los sucesores inmediatos ¿hasta cuándo?- poseerá las mayores facultades que presidente mexicano alguno haya tenido, será aún más poderosa que los mandatarios del antiguo régimen y su partido el Revolucionario Institucional (PRI).

Sin contrapesos ni división de poderes; sin los organismos y mecanismos creados a lo largo de más de medio siglo que atemperaban y diluían el peso y poder presidencial; con un militarismo creciente; desaparecidos los organismos que obligaban al gobierno a transparentar el ejercicio del presupuesto, que lo obligaban a la mayor publicidad en el otorgamiento de los contratos y el gasto.

Como antes, como casi siempre, ahora este ‘nuevo’ Estado, el humanista, se “vigilará” a sí mismo y, suponemos, se ‘castigará’ a sí mismo cuando algún secretario de gabinete -o subordinado suyo-, que son ‘secretarios’ de la presidenta, no entregue la información solicitada por algún ciudadano.

No es una especulación más.

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En tiempos de López Obrador, el 82% de las compras y adquisiciones de su gobierno se otorgaron por adjudicación directa y en la mayoría de esas operaciones arguyeron que eran de “seguridad nacional”, por lo que ocultaron los contratos, montos de ellos, empresas contratadas y beneficiarios de los mismos.

El régimen de la plena opacidad.

Pero lo que hoy estará efectuando el régimen es el súmmum de lo que practicó el priato durante........

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