En Caldas, Quindío y Risaralda, el conflicto por los peajes no es financiero, sino social. No se trata solo de tarifas elevadas en distacias cortas: se trata de comunidades que durante décadas han pagado por una infraestructura que no les pertenece y cuyo recaudo no mejora sus condiciones de movilidad ni fortalece la integración territorial. Los peajes del Eje Cafetero se han convertido en puntos de tensión cotidiana, donde campesinos, transportadores y habitantes de zonas rurales enfrentan un modelo opaco, excluyente y altamente lucrativo para quienes están detrás. Mientras tanto, ni los gremios empresariales ni los operadores fiduciarios reconocen esta dimensión comunitaria cuando calculan rentabilidades y proyecciones financieras.

¿Quién se beneficia del recaudo de los peajes? La pregunta parece simple, pero su respuesta revela una trama institucional mucho más compleja que lo que suele plantearse en el debate público. Reducir la discusión al nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo es una simplificación que oculta a otros actores igual de influyentes, y que consolidan redes de poder a través de fiduciarias, gremios empresariales y concesiones. En este entramado, los verdaderos beneficiarios del modelo pueden operar sin escrutinio ni conflicto aparente.

Por ejemplo: la concesión Autopistas del Café, que administra siete peajes entre Caldas, Risaralda y Quindío y recauda más de $280.000 millones anuales, tiene un contrato fiduciario firmado en 1997 con Fiducoldex, una sociedad de economía mixta cuya existencia y rol son desconocidos para buena parte de la opinión pública. Fiducoldex es una filial de Bancóldex, también de economía mixta, donde el Estado posee el 89.1% de participación accionaria. A esto se suman cámaras de comercio como las de Bogotá, Medellín y Barranquilla, y........

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