En agosto de 2025, durante el lanzamiento de la licitación del Aeropuerto del Café en Manizales, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas anunciaron que las concesiones viales que finalicen próximamente no serán prorrogadas y que las vías revertirán al control del Estado. Petro insistió en que los peajes no deben seguir financiando obras ya amortizadas, ni enriquecer a privados, sino cubrir exclusivamente el mantenimiento. Sin embargo, el balance de su gobierno revela una contradicción profunda entre ese discurso y las decisiones que efectivamente se han tomado.

En el periodo 2022–2025, el gobierno Petro firmó al menos tres concesiones viales bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP) de Quinta Generación (5G), todas con peajes como fuente principal de ingreso. Lo más revelador es que los peajes asociados a estas concesiones eran operados por Invías, es decir, eran “públicos”. Al firmarse los nuevos contratos, pasaron a manos privadas, extendiendo su operación por 25 a 30 años más. No se desmontaron peajes existentes, sino que se trasladó su operación del Estado a concesionarios privados, sin que se publicaran las matrices financieras ni se estableciera trazabilidad del recaudo.

La Troncal del Magdalena 1, firmada en diciembre de 2022, incluye los peajes de Zambito, ubicado en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), y Aguas Negras, en Puerto Parra (Santander). Su operación fue entregada a la sociedad Autopista Magdalena Medio S.A.S. La Troncal del Magdalena 2, firmada en la misma fecha, incluye los peajes de La Gómez en San Alberto,........

© El Diario