Esta semana, sectores gremiales y políticos de Risaralda enviaron una carta a la Ministra de Transporte en defensa del modelo de Asociación Público Privada (APP) y de Iniciativas Privadas (IP), como respuesta al anuncio del presidente sobre la no renovación de concesiones durante su gobierno. El comunicado, revestido de tecnocracia y preocupación por la inversión, omite lo esencial: ¿Quién responde por el abuso sistemático de los peajes y la ausencia de análisis sobre los costos sociales y económicos que han generado?

Respaldar nuevos proyectos sin hacer un balance de resultados de Autopistas del Café es una irresponsabilidad política. Esta concesión, firmada en 1997 con 30 adendas al contrato, no ha presentado un balance público, técnico, ni territorial que permita entender qué se hizo, qué se dejó de hacer y cuánto costó realmente a nuestras comunidades. ¿Dónde están los informes que expliquen por qué seguimos pagando tarifas desproporcionadas por vías a las que sólo se hace mantenimiento? ¿Por qué no se ha convocado a las comunidades para discutir el modelo de la nueva IP Centro que podría perpetuar los mismos errores y mantener peajes caros? ¿Qué propone la nueva concesión para desembotellar el paso vehicular entre punto 30, Pereira y Dosquebradas?

Las presentaciones institucionales suelen mostrar las concesiones como una panacea: cifras de inversión, kilómetros intervenidos, promesas de competitividad, disminución de tiempos de desplazamiento (No mencionan que desde Condina al terminal, el tiempo aumentó en 45 minutos). Pero detrás de ese relato hay márgenes de ganancia que no se han auditado, costos........

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