Saber quién aporta a las campañas políticas permite entender a quién se debe el candidato, qué intereses podrían influir en sus decisiones, y si su agenda responde realmente a las necesidades ciudadanas o a compromisos adquiridos en privado. Detrás de cada afiche, cuña radial, recorrido territorial o asesores políticos hay una pregunta que rara vez se responde con claridad: ¿quién los paga? En Colombia, la ley exige que los candidatos reporten sus ingresos y gastos de campaña en el aplicativo Cuentas Claras, según lo establecido en la Ley 1475 de 2011. Sin embargo, existe un vacío legal que permite que los aportes realizados antes del inicio oficial del periodo de campaña no estén sujetos a reporte obligatorio. Esto ha permitido que recursos ingresen por fuera del radar institucional, sin que el candidato tenga que asumir responsabilidad directa ni rendir cuentas ante la autoridad electoral.
En la campaña presidencial de 2014, la constructora brasileña ODEBRECH canalizó recursos a favor de Juan Manuel Santos a través de la empresa Paddington, que contrató servicios publicitarios sin que estos gastos fueran reportados oficialmente. Según el fallo del Consejo Nacional Electoral (Resolución No. 001 de 2017), se comprobó que la campaña omitió reportar ingresos por más de $1.000 millones, violando la normatividad electoral. Esta financiación coincidió con la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, en la que Odebrecht participaba junto a Corficolombiana, empresa del Grupo Aval. La Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio documentaron pagos irregulares por más de $84.000 millones en sobornos para asegurar el proyecto. Aunque Santos negó haber conocido el origen de los fondos, el dinero entró, y la obra se adjudicó. Más........

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