Nora Rey de Marulanda, alta funcionaria del BID, le contó, al entonces rector de la UTP, Luis Enrique Arango, la manera como en el municipio brasileño de Curitiba, conocedores de que, aunque se condenara al corrupto, el dinero robado no se recuperaba, diseñaron una entidad que prevenía, que advertía, cuando el tesoro público estaba en peligro. Invitamos al administrador del ente en el Brasil quien nos visitó en Pereira y convocamos a una docena de pereiranos, en la terraza del periódico La Tarde, para replicar la alternativa para proteger los dineros ajenos. Estudiando: las convocatorias, las compras, los contratos, las licitaciones para comparar los precios y procedimientos con los corrientes en el mercado; si se encontraban indicios como: precios inflados o pliegos sastre, o gastos inútiles o cualquier despilfarro, se producía una advertencia a los actores involucrados, fueren funcionario o entidad, dado que en todas las trampas participan, de un lado los servidores públicos y del otro los empresarios. Lamentablemente, ante las primeras advertencias se retiraron, la Cámara de Comercio, y un par de las empresas aportantes, lo que debilitó la capacidad de operación del ente, el cual sobrevivió, años después, gracias a la vinculación y compromiso de entidades y personas como la UTP con su rector Luis Gaviria y de las Universidades Católica, Libre, Del Área Andina, EAFIT, de estudiantes y profesionales voluntarios, de empresas y personas aportantes y del apostolado de James Fonseca. Está sobre la mesa el debate sobre las APP que administran lo público, concesiones que sus poderosos dueños quieren prorrogar, y que: veedurías, congresistas, concejales, diputados y usuarios que se sienten sobre explotados sostienen que las prórrogas de las concesiones están prohibidas, que las concesiones se han explotado más allá de las utilidades razonables, que los contratos se han modificado una y otra vez para reducir las obligaciones, que las inversiones se tienen que hacer, en su mayor parte, allí donde se generan los recursos, que esos monopolios no admiten control alguno sobre el origen y destinación de los dineros, que es necesario recaudar no más de lo necesario para sostener e invertir. Que toda obra pública tiene inherente corrupción e ineficiencia y que las APP, todas ellas, y sin fórmula de juicio, siempre son exitosas, cumplen con lo ofrecido de manera eficiente y sus utilidades y manejo son las justas y como conclusión son la única alternativa para........

© El Diario