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La justicia que puede esperar hasta 2031

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14.11.2026

La justicia cotidiana en México y en el estado enfrenta una paradoja difícil de justificar: mientras se promete modernizar los tribunales, las decisiones legislativas y judiciales prolongan la vigencia de un sistema procesal que necesita transformarse. Detrás de cada año de retraso existen personas que esperan una pensión alimenticia, la protección de sus hijos o una solución a sus conflictos patrimoniales.

El 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó modificar el plazo máximo para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La fecha originalmente establecida, el primero de abril de 2027, podría trasladarse al primero de julio de 2031: cuatro años y tres meses adicionales. La reforma aún necesita la aprobación del Senado, pero una transformación anunciada como prioritaria puede seguir esperando.

El Código Nacional, publicado en junio de 2023, busca establecer procedimientos más ágiles, predominantemente orales, apoyados en tecnologías digitales y orientados a garantizar una tutela judicial efectiva. Su importancia radica en que la justicia civil y familiar atiende conflictos frecuentes y sensibles. Sin embargo, contar con legislación moderna no significa que las personas tengan acceso a una justicia moderna.

A esta situación se suma una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver una contradicción de criterios, determinó que la remisión al Código Nacional contenida en la Ley de Amparo no permite aplicarlo........

© El Diario