Desde el año 2020 existe una importante directiva la No 004 de la Procuraduría General de la Nación con el fin primordial de proteger el suelo rural como recurso esencial para la producción y abastecimiento de alimentos para la población, manteniendo su integridad productora, el cuidado de los recursos naturales, evitando la degradación de los ecosistemas y la generación de erosión y destrucción masiva de los territorios. Según el marco Constitucional y normativo como la Ley 388, la Ley 1469 de 2011 y el Decreto 4821 de 2010, donde se protegen los suelos con clasificación I, II, III con vocación agroecológica según demarcación del Igac, deberán ser contemplados y delimitados en los planes de ordenamiento territorial y solo en el caso de requerirse por la necesidad del desarrollo del territorio, plenamente planificado y contemplado en el plan de ordenamiento, se podrá utilizar la figura de expansión urbana, mediante planes parciales o Macroproyectos de interés general, siempre y cuando en el sustento del ordenamiento jurídico y la demarcación de la limitación geográfica, se pueda justificar técnica y jurídicamente la no existencia de suelos para desarrollar tal condición. Lo anterior obedece a varios objetivos, el primero busca el principio de la planificación y organización del territorio y el segundo busca la protección del suelo rural como fuente alimentaria. Sin embargo vemos como en la actualidad estos objetivos se han ido distorsionando a través del tiempo y observamos como el suelo suburbano de uso rural en corregimientos como Combia baja, tribunas, Altagracia y Cerritos entre otros se ven seriamente amenazados por proyectos masivos de vivienda bajo la figura de construcciones de condominios, ecohoteles, construcciones común y pro indivisa, lo cual está modificando las vocaciones históricas de estos sectores. Lo anterior va en contravía del objetivo buscado por las estrategias establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira Acuerdo 35, art........

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