El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se originó por un debate sobre el paramilitarismo, adelantado por el senador de izquierda Iván Cepeda, quien, en el 2014 insinuó presuntas relaciones del también senador Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas, motivando a Uribe a denunciarlo ante la Corte Suprema por buscar de manera irregular testimonios de exparamilitares presos en cárceles del país y del exterior, que lo incriminaran en esas actividades delictuosas. La Sala de Instrucción en el 2018 no encontró elementos probatorios suficientes para continuar investigando a Cepeda, cerrando el caso en su contra, pero ordenando iniciar investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, pasando de acusador a acusado. En 2020 la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe, razón por la que renunció a su curul como senador, perdiendo su fuero y pasando su caso a la justicia ordinaria. En este proceso y tras 67 audiencias y más de 90 testigos, el exmandatario insistentemente expresó ser inocente y víctima de una venganza con fines políticos. En sus múltiples declaraciones vale destacar la pronunciada el pasado 12 de julio: “Este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno, a través de su más representativo senador”. El fallo dictado el pasado 28 de julio por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en contra del exmandatario, marca un hito en la historia judicial del país, generando intensos debates jurídicos y políticos. De haber sido un juicio recto, la máxima de que nadie está por encima de la ley habría fortalecido la justicia, no exacerbando el clima de polarización reinante. Muchos son los cuestionamientos sobre el fallo, pues de probarse la injerencia del Gobierno sobre el mismo, la incoherencia entre la mano tendida de Petro a........

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