Alumnos canarios acceden a las aulas. / Andrés Gutiérrez

Me cuesta creer en la sinceridad de la polémica provocada por las instrucciones de la Consejería de Educación sobre el uso de instalaciones escolares por personas y colectivos ajenos a los centros. Y no es tanto por lo que dicen las instrucciones, sino por lo que algunos quieren leer en ellas.

Una treintena de colectivos y cerca de un millar de personas han denunciado que la medida abre la puerta a la censura ideológica, que es a una especie de pin parental encubierto, que conduce a la prohibición de actividades relacionadas con la igualdad, la diversidad o los derechos humanos. Se trata de una acusación más peregrina que grave, y sobre la que merecería la pena detenerse un momento y formular una pregunta bastante sencilla: ¿se habría producido la misma reacción si exactamente el mismo texto hubiera sido aprobado por el anterior Gobierno regional? Estoy convencido de que no.

Las instrucciones establecen que los centros no deberían autorizar actividades promovidas por personas y organizaciones caracterizadas por una opción ideológica que no sea neutral y que no respete los derechos fundamentales y las libertades públicas. Puede discutirse si la........

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