“Bolivia declara persona non grata a la embajadora de Colombia tras dichos de Petro”, fue el titular que dejó patidifusa a buena parte de la opinión pública nacional. Inmediatamente, el debate inundó medios de comunicación y redes sociales. Algunos respaldaron la decisión bajo la premisa de que no se debe tolerar ninguna injerencia extranjera en asuntos internos; otros, en cambio, consideraron que la reacción fue desmedida e innecesariamente confrontacional.

En lo que sí parece existir consenso -con muy pocas excepciones- es en que las expresiones del presidente Gustavo Petro no correspondían. Ningún mandatario extranjero debe intervenir en asuntos internos de otro Estado y, menos aún, en temas sensibles vinculados a conflictos políticos; y cuando digo ninguno, me refiero a nadie, sea a favor de unos o en contra de otros. La solución de los problemas domésticos de Bolivia corresponde exclusivamente a los bolivianos y, particularmente, a sus instituciones. Esa debería ser ya la postura de todos los gobiernos nacionales, independientemente de su ideología política. En el bicentenario, ya deberíamos ponernos los pantalones largos.

Sin embargo, reconocer que las declaraciones del presidente colombiano fueron inapropiadas no significa necesariamente concluir que la respuesta de la diplomacia boliviana haya sido la más adecuada. En diplomacia, el verdadero debate no gira únicamente en torno al derecho a responder, sino a la racionalidad........

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