El Gobierno ha enviado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inversiones. El tema ya está por demás demorado. Bolivia necesita con urgencia un nuevo marco jurídico para las inversiones y también para los sectores estratégicos de hidrocarburos y minería.

En lo esencial, parlamentarios y analistas coinciden en que Bolivia necesita una nueva Ley de Inversiones. La discrepancia aparece cuando se discute cómo otorgar seguridad jurídica al capital extranjero.

Unos sostienen que cualquier ley será insuficiente mientras permanezca vigente el artículo 320 de la CPE que establece que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y autoridades bolivianas; y el artículo 366 que determina que las empresas extranjeras que desarrollen actividades hidrocarburíferas no podrán invocar arbitraje internacional.

Los otros consideran que modificar la Constitución requiere referéndum y ello tomaría un tiempo, que el país no tiene. Por ello, proponen avanzar inmediatamente mediante una Ley de Inversiones que reconozca el arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias, entre otras más disposiciones.

En el debate, poco o nada se ha dicho sobre las cuestiones internacionales, a pesar de la implicación directa que estas tienen; ya que se trata de ciudadanos extranjeros que envían sus capitales para invertir en otro país y, consecuentemente, pudiera producirse un choque de intereses entre dos Estados. Uno interesado en cumplir su obligación de proteger o defender los intereses de sus connacionales y el otro interesado en someter a los extranjeros a su jurisdicción nacional.

A la hora de definir si se va invertir en otro Estado, hay que tener presente, ni duda cabe, que las disposiciones constitucionales serán tomadas........

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