Para 2025, el Tesoro Público proyecta un gasto de más de 3.043 millones de dólares en subsidios: aproximadamente 2.000 millones en carburantes, 936 millones en bonos sociales, y 107 millones en alimentos. Aunque el gasto más elevado corresponde a la subvención a la gasolina y el diésel, los montos destinados a: los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, Personas con Discapacidad y Subsidio Prenatal; a la compra de trigo, harina, arroz, azúcar y maíz; al consumo de electricidad y agua potable para ciertos sectores; así como ciertos beneficios adicionales como los bonos de frontera, natalidad, lactancia, sepelio y vivienda, son significativos.

Desde una perspectiva social, y bajo el argumento de que era necesario disminuir la pobreza y compensar desigualdades históricas, los subsidios se concibieron como una herramienta redistributiva que permite al Estado transferir recursos públicos hacia los sectores con mayores carencias, asegurando un piso mínimo de acceso a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, es evidente que también fueron utilizados como prebenda, y como estrategia política para justificar el rol del Estado como “protector” de los ciudadanos más vulnerables.

Esta política –que tuvo efectos........

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