La mayoría de las propuestas de las organizaciones políticas que terciarán en las elecciones de agosto próximo plantean, como solución a la actual crisis, la implementación de medidas que implican una transición del actual modelo estatista a un nuevo sistema que privilegie la participación del sector privado en la economía, bajo un paradigma más liberal y abierto a la iniciativa individual y empresarial.

Dado el fracaso del modelo vigente, ningún boliviano de buena fe puede cuestionar la necesidad de este cambio. Sin embargo, los discursos electorales chocan con un marco normativo que prioriza, de forma explícita y estructural, el control estatal en la economía.
En efecto, la Constitución boliviana, vigente desde 2009, ha impuesto un modelo estatista, centralista y contrario a la lógica del mercado, que otorga al Estado un rol hegemónico en la economía y limita, en los hechos, el despliegue pleno del sector privado.

Si bien la CPE reconoce la iniciativa privada (Art. 308) y garantiza la libertad de empresa, en los hechos la subordina a un conjunto de limitaciones y controles que restringen su alcance real. La llamada “economía plural” no promueve una competencia abierta, sino una articulación sujeta a principios como la........

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