Por Orlando Saucedo Vaca

Un Pacto Fiscal no es más que un acuerdo sobre el presupuesto del hogar, un hogar llamado Bolivia. Este pacto define las reglas del juego financieras sobre cómo se recaudan y distribuyen los recursos, algo fundamental en un Estado con autonomías. Sin embargo, el andamiaje financiero que sostiene al país, diseñado para otra era, se ha vuelto no solo obsoleto, sino un obstáculo para el progreso.

El problema de fondo es una asfixiante contradicción con el mandato constitucional de autonomía. La realidad financiera lo demuestra: el Gobierno Central administra el 89% del presupuesto total. En consecuencia, apenas un 11% queda para ser repartido entre todas las gobernaciones, municipios y universidades públicas del país.

Esta concentración genera una asimetría inaceptable que socava el principio de igualdad ciudadana. De hecho, hay departamentos donde un ciudadano recibe tres veces más transferencias que otro solo por haber nacido en una región distinta, evidenciando profundos desequilibrios horizontales que el sistema actual agrava en lugar de corregir.

Además, el nivel central transfiere competencias, es decir, responsabilidades, sin los fondos........

© El Deber