En Bolivia, la figura de la detención preventiva, concebida como una medida cautelar excepcional para garantizar la investigación penal sin interferencias, ha sido distorsionada gravemente al convertirse en un instrumento de persecución política sistemática. Esta práctica, cada vez más normalizada, pone en entredicho los principios más elementales del Estado de derecho, y desnuda la fragilidad institucional de un país cuya justicia ha sido politizada hasta extremos peligrosos.

La Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal establecen que la detención preventiva debe aplicarse únicamente cuando no existan otras medidas menos gravosas para asegurar la presencia del imputado, evitar su fuga o impedir la obstrucción del proceso. Sin embargo, en la práctica, este recurso ha sido desnaturalizado: se ha convertido en una herramienta punitiva anticipada, utilizada contra opositores, activistas, periodistas, e incluso ciudadanos que expresan su disenso con el poder político de........

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