Los primeros movimientos judiciales relacionados con los 53 días de bloqueos abren una oportunidad para que el país pase del discurso a los hechos. La aprehensión del dirigente campesino Vicente Salazar, la querella anunciada por los ministerios de Gobierno y Defensa y las investigaciones abiertas por la Fiscalía son señales que apuntan en la dirección correcta. Después de veinte muertes, pérdidas millonarias y un país sometido al desabastecimiento y al aislamiento, la sociedad tiene derecho a esperar que la justicia establezca responsabilidades.

Sin embargo, el camino hasta este punto deja más de una interrogante. Una vez superada la crisis, la única institución que promovió una denuncia penal formal contra los presuntos autores e instigadores de los bloqueos fue el Comité pro Santa Cruz. No es un dato menor. Más allá de las diferencias políticas que puedan existir con la institución cívica, fue la única que decidió activar los mecanismos judiciales para exigir que los hechos fueran........

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