El anuncio hecho por el Gobierno de Luis Arce -de garantizar combustibles solo hasta el 8 de noviembre, fecha en la que terminará su mandato- representa, en el mejor de los casos, una señal de pasividad administrativa, y en el peor, un agravio a la responsabilidad estatal. Esta promesa, desvinculada del imperativo de gobernar más allá de un calendario político, revela desdén y falta de seriedad respecto a la seguridad del abastecimiento energético que sostiene al país.

Desde hace meses, numerosos sectores enfrentan el mismo escenario: el incumplimiento sistemático de compromisos oficiales y la ausencia de transparencia frente a quejas reales. Transportistas que en las calles soportan filas de horas -incluso días- reciben respuestas oficiales que hablan de normalidad, negando la propia realidad.

La crisis de combustible ha causado daños irreparables en el aparato........

© El Deber