La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo fue creada en Bolivia mediante el Decreto Supremo N° 2248, promulgado el 14 de enero de 2015, durante el gobierno de Evo Morales.

Su objetivo principal fue reemplazar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, Futuro de Bolivia S.A. y Previsión BBVA S.A., para que el Estado asuma directamente la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores bolivianos bajo un sistema público. Su objetivo es Administrar los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que incluyen los aportes individuales de los trabajadores. La Gestora comenzó operaciones parciales en 2019 y asumió plena administración de los fondos de pensiones el 15 de mayo de 2023, después de varias postergaciones técnicas y administrativas. La Gestora Pública de Pensiones en Bolivia enfrenta varios desafíos críticos que generan preocupación entre aportantes, analistas y expertos:
1. Dependencia política y conflicto de interés.- La entidad no ha alcanzado autonomía plena pues depende del Ministerio de Economía y la APS. Eso significa que el Estado actúa simultáneamente como administrador, regulador y potencial deudor de los fondos, lo que representa un conflicto de interés grave. El gobierno puede cambiar sin límite las reglas de inversión, permitiendo que recursos previsionales se destinen a bonos del Tesoro o del Banco Central, prescindiendo de controles o límites definidos.

2. Falta de supervisión y Directorio.- Durante años la Gestora operó sin directorio formal, con un gerente interino, lo que alimenta temores de decisiones arbitrarias o........

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