La polémica levantada por Anatel no es un reflejo corporativo ni una pataleta contra la innovación. Es una alerta seria sobre diseño regulatorio. La norma cuestionada, reintroducida en la “megarreforma” del gobierno de Kast, permitiría reproducir, adaptar, distribuir o comunicar públicamente obras lícitamente publicadas para análisis automatizado de datos de lenguaje, sonido o imagen, sin autorización ni remuneración al titular, siempre que no exista “explotación encubierta”. Lo decisivo no es solo su contenido, sino el mensaje institucional: Chile estaría intentando abrir por una ley miscelánea lo que ya fue discutido y rechazado en la tramitación de la ley de IA.

El argumento de fondo del Ejecutivo es reconocible: si la IA necesita grandes volúmenes de datos para entrenarse, entonces hay que despejar la ambigüedad jurídica para que el ecosistema local no quede atrás. Ese diagnóstico tiene algo de cierto, pero la solución propuesta es deficiente. En economía........

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