Las leyes no sirven si no se ejecutan ni se fiscalizan. Para eso se requiere institucionalidad y, sobre todo, voluntad política. En Chile, las herramientas existen, pero lo que falta es decisión para usarlas. Y el Gobierno, lamentablemente, ha dado señales claras de no querer hacerlo.

Un caso emblemático fue el de las licencias médicas fraudulentas y los 25 mil funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban en “reposo”. La Superintendenta de Seguridad Social tuvo todos los medios para fiscalizarlos, pero nunca actuó. Fue la Contraloría, con las mismas herramientas, la que cruzó datos y destapó el fraude. El costo del escándalo equivaldría a financiar unas diez Teletones. En menos de un año, Dorothy Pérez logró reposicionar a la Contraloría por hacer lo básico: cumplir su rol. No........

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