La historia se repite: guerra en un país con afección a la producción de hidrocarburos (y/o a su comercio internacional) implica encarecimiento del barril de crudo. Y, en consecuencia, muchos gobiernos deciden políticas con la intención de reducir sus efectos negativos. Pero, ¿lo consiguen? Como expone Manuel Hidalgo, tenemos una amplia y reciente experiencia para no tropezar de nuevo en medidas de dudosa eficacia. De hecho, el propio ministro de Economía apuntaba el pasado martes que se establecerían medidas con efecto redistributivo y que evitaran efectos regresivos.

La actual crisis tras la guerra en Irán, y de la que desconocemos su duración, ha traído a España un aumento de los precios de los hidrocarburos mayor y mucho más rápido e inmediato que en el caso de la invasión de Ucrania de 2022. De hecho, tal y como documenta María José Moral, en los primeros doce días de guerra, la gasolina 95 aumentó un 14,8%, frente al 11,1% en el mismo tiempo en 2022. Y el diésel se encareció un 27,1%, cuando en 2022 fue un 14,9%.

Obviamente resulta "curioso" que los precios aumenten tan rápidamente cuando el producto que están vendiendo en la actualidad no se adquirió en el mercado mayorista a precios elevados, algo que la evidencia empírica ha analizado ampliamente en los denominados comportamientos de cohetes y plumas, y donde la falta de competencia es un acicate.

En esta situación, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Varias son las posibles medidas, con diferentes resultados. La primera es no hacer nada. En este caso, la principal desventaja está en los efectos negativos sobre los individuos afectados directamente por el encarecimiento de los hidrocarburos, así como la traslación a precios finales de otros productos. La ventaja de esto es que el sistema de precios permitirá correcciones en el comportamiento, de corto y largo plazo, a quienes no sean tan dependientes de los hidrocarburos, así como una reducción en la demanda que no ayude a encarecerlos aún más.

La segunda opción (no hay justificación en el orden) es subsidiar el precio de los combustibles. Esta medida se aplicó en 2022 en España con el subsidio de 20 céntimos de euro por litro consumido. Las evaluaciones señalan que fue una medida de carácter regresivo, por cuanto son las rentas más altas del país las que más hidrocarburos consumen (Hidalgo y otros, 2023); de hecho, el 30% de los hogares con mayor nivel de renta en España se benefició del 45% del ahorro fiscal generado por la política, mientras que los hogares con el 30% de menor nivel renta obtuvieron el 15% de dicho beneficio fiscal (García-Miralles, 2023); y, además, la política generó que las petroleras aumentaran los precios en más de 5 céntimos de euro del diésel, lo que supuso un trasvase de 857 millones de euros públicos a los ingresos extraordinarios de las empresas del sector.

La tercera medida es establecer topes a los precios, algo que ya se está aplicando en Hungría, Croacia o México. Un artículo reciente (Martin y Verboven, 2026) evaluó esta medida para Bélgica, concluyendo que los topes de precios generan (paradójicamente) precios más altos, al funcionar como un mecanismo involuntario de colusión tácita entre las empresas. Esto es, se convierten en un precio de referencia y, quienes podrían vender más barato, no lo hacen porque la referencia les incentiva a mantenerlos altos. De hecho, estos autores estiman que eliminar estos topes en dicho país generaría una reducción de precios del 3% y una caída de márgenes del 32%.

La cuarta medida es la reducción de impuestos a los hidrocarburos. Francia, Alemania e Italia lo aplicaron en 2022 y los resultados causales obtenidos por Drolsbach y otros (2023) señalan que esta rebaja sí se trasladó casi íntegramente a precios, justificado porque en estos países los mercados son altamente competitivos; aunque otras estimaciones para Alemania apuntan que las petroleras se apropiaron de parte de la rebaja fiscal para el diésel (Dovern y otros, 2023). Pero además de la traslación hay que considerar que la reducción de impuestos como el IVA sería altamente regresivo, ya que benefician en mayor medida a los hogares con mayor consumo que son, mayoritariamente, los de renta más alta (véase Romero Jordán, 2026).

El Gobierno de España ha anunciado una combinación de medidas: bajada del IVA del 21 al 10%; y subsidio de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. A raíz de la evidencia empírica, ¿qué podemos esperar? Para la primera medida, aunque parece que sí funcionó en Alemania, que llegara realmente el descuento a los consumidores dependió de la competencia en ese mercado, algo de lo que reiteradamente hemos criticado adolece este mercado en España. En cuanto a la segunda, la experiencia en el subsidio anterior nos lleva a ser muy pesimistas: es probable que los precios para profesionales aumenten por culpa del subsidio.

Entonces, ¿cuál sería la mejor (o la menos mala) de las soluciones? Una no mencionada: focalizar ayudas directas a personas y profesionales afectados. No obstante, de lo que sí estamos seguros es de quién se va a beneficiar de todo lo anteriormente explicado: las empresas petroleras. La única duda es cuánto dinero público podrán apropiarse. Evaluaciones posteriores (si las hubiere, porque para ello se necesitan datos de calidad e interés en realizarlo) lo determinarán.

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