Las interrupciones del suministro eléctrico, los fallos en las comunicaciones electrónicas, los ataques cibernéticos, las catástrofes naturales, incluso las guerras, son fenómenos, desgraciadamente, cada vez más frecuentes. A su vez, los sistemas de pago digitales están en gran medida controlados por un pequeño grupo de grandes empresas tecnológicas de fuera de Europa, y esto suscita dudas acerca de la dependencia tecnológica, la autonomía estratégica e incluso sobre la seguridad nacional.

Cabe preguntarse, también, dónde quedan la libertad de elección de los individuos, su privacidad, su seguridad, en un mundo crecientemente digitalizado, cuando estas son características mayoritariamente asociadas al uso del efectivo en las transacciones cotidianas.

El efectivo es considerado por los ciudadanos como activo refugio e instrumento de pago esencial en momentos de incertidumbre elevada como los vividos durante la pandemia provocada por la covid-19, el inicio de la guerra en Ucrania o el llamado "gran apagón" que tuvo lugar en España en abril de 2025.

En esas circunstancias se producen rápidos incrementos en la demanda y las retiradas de efectivo por parte de la población, que busca acumular dinero para hacer frente a sus necesidades de liquidez y gasto y por razones de precaución.

En España, el "gran apagón" provocó un fallo generalizado de las telecomunicaciones y de los sistemas de pago digitales, siendo el efectivo el único medio de pago operativo. En las zonas en donde no se vieron afectados por la caída de la red y las telecomunicaciones, se produjo un fuerte incremento de las retiradas de dinero en efectivo asociadas a motivos de precaución. Y en la que sí estuvieron impactadas, también se dispararon las retiradas de efectivo en los días siguientes al "apagón", tanto por una razón de precaución como para aprovisionarse de nuevo de efectivo.

Las enseñanzas han sido evidentes, distintos Estados miembros de la UE y la Comisión Europea recomiendan a los hogares mantener reservas de efectivo suficientes para cubrir sus necesidades básicas ante emergencias y situaciones sobrevenidas. En los Países Bajos y en Austria, por ejemplo, las autoridades aconsejan mantener reservas de entre 70 y 100 euros por cada uno de los miembros de los hogares, de modo que puedan cubrir sus necesidades básicas durante unas 72 horas. En Alemania, el Foro Nacional del Efectivo vigila de cerca el papel del dinero en metálico en las situaciones de crisis y emergencias. Por su parte, la "Estrategia de preparación de la Unión" (EU preparedness union strategy, en inglés), lanzada a comienzos de 2025 por la Comisión Europea, contempla la elaboración de un paquete de directrices para lograr la autosuficiencia de la población durante al menos 72 horas en situaciones de crisis o emergencia. Si bien esas directrices aún no han sido publicadas, la Comisión adelantó a través de distintos canales oficiales que, junto con otros bienes y elementos esenciales como el agua o las medicinas, el efectivo formará parte del "kit de emergencia" que deberán mantener los hogares europeos.

Ante estas dudas e inquietudes se pone de relieve la necesidad de contar con un marco regulatorio nacional que garantice el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la distribución, el acceso y el uso del dinero en efectivo, primero, porque forma parte de las preferencias de los ciudadanos, y segundo, debido a que al estar sometida una parte de ese circuito a los vaivenes de las fuerzas de mercado, sin un mandato legal claro que asegure la continuidad del efectivo en cualquier circunstancia, el riesgo de que pueda desaparecer es muy alto.

En España está en plena tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de protección y resiliencia de las entidades críticas. Es una magnífica oportunidad para formar parte de los países avanzados en materia de apoyo al efectivo, y para incluir al dinero físico como uno de los pilares esenciales que proporciona seguridad a los ciudadanos ante eventos que, si bien por su naturaleza son imprevisibles, suceden, y ya nos han dado suficientes señales de los considerables daños que generan cuando eso ocurre. Por tanto, ante esta Ley, cabe esperar del Parlamento y de sus miembros una visión de Estado., de forma que este aspecto central de la protección y de la resiliencia de los ciudadanos sea recogido en el texto de la norma que ahora están debatiendo.

*Javier Rupérez, presidente de la Plataforma Denaria

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