El domingo, los húngaros acudirán a las urnas en una votación que definirá la trayectoria interna del país y la coherencia de la política exterior de la Unión Europea. Aunque el partido de oposición TISZA encabeza varias encuestas, una victoria de Viktor Orbán y su partido Fidesz probablemente vería a Budapest redoblar un papel que muchos en Bruselas consideran obstructivo. Bajo Orbán, Hungría se ha convertido en un Estado miembro dispuesto a flexibilizar las normas democráticas y a utilizar su derecho de veto como instrumento al servicio de intereses nacionales. En ningún lugar resulta esto más visible que en la relación de Budapest con Moscú. Desde la invasión de Ucrania, Hungría ha ralentizado repetidamente o amenazado con bloquear las sanciones de la UE y el apoyo financiero a Kyiv. No se trata de meros gestos simbólicos. Tras un ataque al oleoducto Druzhba, Orbán bloqueó un paquete de préstamos de la UE por valor de 90.000 millones de euros y una nueva ronda de sanciones, supeditando su aprobación a la reanudación del tránsito de petróleo. Esto reforzó una narrativa interna que presenta a Ucrania como una amenaza para la seguridad energética húngara. Además, Hungría ha profundizado sus vínculos energéticos con Rusia. Los contratos de gas a largo plazo se mantienen, el petróleo ruso sigue fluyendo y la ampliación de la central nuclear de Paks por parte de Rosatom subraya una relación estratégica que ha perdurado a pesar de la guerra. Orbán se ha reunido con Vladímir Putin en múltiples ocasiones desde 2022, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, es un visitante frecuente en Rusia. Informes de que Szijjártó compartió información sensible de la UE con Sergey Lavrov no han hecho más que intensificar la preocupación en Bruselas. Rusia es solo uno de los pilares de una estrategia para situar a Hungría entre potencias globales en competencia. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha acelerado esta dinámica. Hungría ha emergido como uno de los socios más cercanos de Washington dentro de la UE bajo la actual administración. Trump ha elogiado el modelo de gobernanza de Orbán, mientras que altos cargos estadounidenses, incluidos Marco Rubio y —apenas unos días antes de las elecciones— JD Vance, han expresado su apoyo a su reelección. Esta alineación ideológica se basa en la transformación de Hungría en un régimen híbrido desde 2010.

China constituye el tercer eje. Durante la última década, Budapest ha profundizado sus lazos con Pekín a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Hoy en día, Hungría atrae casi un tercio de toda la inversión china en Europa, principalmente en la producción de vehículos eléctricos y baterías. En consecuencia, Budapest se muestra reacia a apoyar iniciativas de la UE que endurecerían la postura del bloque hacia Pekín.

Esta convergencia plantea una cuestión fundamental: ¿qué ocurre con una unión construida sobre valores compartidos cuando uno de sus miembros se desvía de manera persistente? Si Orbán asegura otro mandato, existe el riesgo de que países como Eslovaquia o Chequia sigan su ejemplo, erosionando la credibilidad de la UE como comunidad política. Expulsar a Hungría se sugiere ocasionalmente, pero no es jurídicamente viable en virtud de los tratados actuales. También sería políticamente imprudente. El apoyo público a la pertenencia a la UE en Hungría sigue siendo elevado. Una encuesta reciente del European Council on Foreign Relations (ECFR) reveló que tres cuartas partes de los húngaros confían en la UE y que el 77% de los ciudadanos respalda la pertenencia del país. Forzar una salida probablemente reforzaría la narrativa de victimización externa promovida por Orbán.

El procedimiento en curso del Artículo 7, que permite la suspensión de los derechos de voto de un Estado miembro, permanece estancado en el Consejo desde 2018. En la práctica, esta vía está bloqueada por el requisito de unanimidad. Cualquier decisión de este tipo requeriría el acuerdo de todos los demás Estados miembros, un umbral que sigue fuera de alcance. Los gobiernos en Bratislava y Praga, recelosos de sentar un precedente, se muestran reticentes a apoyar tal medida.

Esto deja la reforma institucional como la solución más plausible a largo plazo. La dependencia de la UE de la unanimidad en política exterior y de seguridad se ha visto sometida a presión. Avanzar hacia la votación por mayoría cualificada (QMV) dificultaría que un solo gobierno bloquee sanciones o ayudas. Esta idea está ganando terreno, con figuras como el político alemán Johann Wadephul y el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, abogando por su ampliación. Sin embargo, dado que los Estados más pequeños temen perder soberanía, puede ser preferible un mecanismo modificado, en el que el veto solo pueda ejercerse colectivamente por al menos cuatro Estados miembros.

Mientras tanto, la UE ha recurrido a soluciones provisionales. Coaliciones informales y exclusiones selectivas han permitido avanzar en algunos ámbitos, pero son imperfectas. Hungría ha demostrado que, incluso cuando se excluye de esquemas financieros relacionados con Ucrania, aún puede obstaculizar su implementación.

La herramienta más eficaz sigue siendo la condicionalidad financiera. Decenas de miles de millones de euros en fondos de la UE para Hungría han sido congelados debido a preocupaciones sobre el Estado de derecho. El impacto es tangible. Los déficits presupuestarios han tensionado los servicios públicos, lo que ha permitido al líder de la oposición, Péter Magyar, convertir la corrupción en una cuestión central. Las encuestas del ECFR indican que la corrupción y la mala calidad de los servicios públicos son ahora las principales preocupaciones de los votantes húngaros. Para la UE, esto sirve como recordatorio de que existe margen de influencia si se aplica de manera coherente.

Sea cual sea el resultado del domingo, el desafío más amplio permanece. Europa opera en un mundo fragmentado donde las presiones externas van en aumento. Una unión que no puede actuar colectivamente corre el riesgo de ver mermada su influencia. La trayectoria de Hungría ha puesto este dilema en primer plano. La cuestión es si la UE puede adaptarse para hacer frente a un miembro difícil mientras preserva su capacidad de actuar como una fuerza unificada.

*Andreas Bock es director de comunicaciones del European Council on Foreign Relations (ECFR).

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