El 25 de agosto, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley ordenó que Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional (TI), sea reconocido como parte agraviada en la investigación contra los responsables de un presunto acto de corrupción en el programa de alimentación escolar Qali Warma, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dirigido por Dina Boluarte (2021-2022). Ella está entre los investigados. En su gestión, Qali Warma comenzó a suscribir contratos con la empresa Frigoinca, proveedora de productos que intoxicaron a niños en 2024, cuando ya era presidenta. Proética no pudo apersonarse en las carpetas fiscales que se abrieron por las intoxicaciones, porque se opuso el Ministerio Público, según cuya tesis el Estado es el único que puede representar a las víctimas. Sin embargo, Proética fue habilitada por Checkley en el caso de corrupción. Aunque soy directivo del IPYS, que es miembro de Proética, abordo el suceso porque su importancia trasciende largamente el Caso Qali Warma y cualquier beneplácito institucional.

Pese a que desde hace más de 20 años la ley peruana permite a las asociaciones civiles representar a perjudicados por un daño social, ello nunca fue aceptado por jueces ni fiscales. Normalmente las víctimas se apersonan individualmente. Era la única forma admitida en el sistema penal antiguo, pero las modificaciones del código procesal en el 2004, inspiradas principalmente por el juez supremo César San Martín, habilitaron a las ONG. Se trata de perjuicios con alto número de afectados, como un desastre ambiental, o de salubridad, o un evento de gran corrupción, entre otros. En muchas partes del mundo una asociación puede apersonarse en un proceso porque su misión está identificada con los intereses de quienes no pueden litigar.

En Argentina, Poder Ciudadano —también capítulo de TI— acaba de ser admitido por un juez como litigante en la investigación a la poderosa secretaria presidencial Karina Milei, por........

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