La jornada electoral de este domingo 12 de abril quedó marcada por un hecho sin precedentes: 63.300 ciudadanos de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac no pudieron ejercer su derecho al voto porque la ONPE no logró distribuir el material electoral a 15 centros de votación de Lima Sur, lo que impidió la instalación de 211 mesas de sufragio.

El propio jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció la falla y ofreció “disculpas personales e institucionales”, atribuyendo el problema al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga. Sin embargo, el daño no se limitó a esos 15 locales: en decenas de centros donde el material llegó con hasta cuatro horas de retraso, miles de electores se retiraron sin votar. La Fiscalía y la Policía Anticorrupción realizaron diligencias en la sede de la ONPE para investigar lo ocurrido.

En diálogo con El Comercio, el constitucionalista Natale Amprimo, la abogada y exministra de Justicia Delia Muñoz y el abogado Alejandro Rospigliosi analizan las consecuencias de esta crisis para el proceso electoral y el panorama de cara a una eventual segunda vuelta.

1. ¿El incidente le resta legitimidad al proceso electoral?

Natale Amprimo: Me parece muy grave, sobre todo porque no olvidemos que el señor Corvetto ha tenido cinco años para organizar debidamente las elecciones. Y además, porque no dejemos de recordar que su participación en las últimas elecciones no fue nada transparente. En consecuencia, una elección en la cual la diferencia de votos es tan mínima genera evidentemente una suspicacia.

Delia Muñoz: Por supuesto. Adicionalmente, hay que tener presente que la Ley General de Elecciones establece un plazo para la instalación de las mesas electorales y aquí, ante la........

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