Desde este espacio, nos reafirmamos en nuestra posición de oponernos a la suspensión de clases presenciales. La crisis del gas natural vehicular (GNV) no justifica una medida que atenta contra el desarrollo y el aprendizaje de alumnos y también contra el bienestar de sus familias. El Gobierno ha mostrado un nivel de improvisación alarmante. El viernes, emitió un comunicado divulgando la decisión, pero un comunicado no es una norma jurídica y no es vinculante en forma alguna. Por eso, durante el fin de semana, muchas instituciones educativas privadas anunciaron a padres de familia y alumnos que abrirían normalmente sus puertas el lunes y seguirían operando de forma presencial. Pero el domingo por la noche se publicó una resolución viceministerial indicando que la virtualidad era obligatoria, lo cual generó confusión entre padres, profesores y alumnos. Y aun en ese nuevo escenario, la ambigüedad continuó, pues una resolución así no tiene el rango requerido para convertir la medida en forzosa. Se trata, a todas luces, de un esfuerzo de la administración por lavarse las manos frente al costo político de toda esta situación. Esto es, de alejar al ministro del sector y al presidente de la responsabilidad de lo que viene ocurriendo.

La primera ministra Denisse Miralles defendió esta decisión con el insólito argumento de que buscan reducir el flujo vehicular y “son solo cinco días” y si todo sale bien podrían ser tres.¿Qué sucedería si más bien la crisis se prolonga? ¿Qué garantía tenemos de que el 16 de marzo, cuando los colegios públicos empiecen el año escolar, la virtualidad no les vaya a ser también impuesta a ellos? Ayer, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, abrió la boca por primera vez para hablar del tema y dijo que los colegios tienen autonomía para seguir con sus clases presenciales y que no habrá sanciones. ¿Entonces sí pueden ir al colegio? ¿En qué quedamos? Horas después, volvió a pronunciarse y mencionó que los centros de educación inicial, guarderías, educación especial y colegios que no cuentan con plataformas digitales pueden continuar desarrollando clases presenciales, pero eso no dijeron desde un inicio, lo que solo ha llevado a mayor confusión en la población. ¿Los de primaria sí pueden ir al colegio y los de secundaria no? Por último, la tesis planteada por el Gobierno de que con las medidas adoptadas a raíz de la crisis del GNV no se están tocando los servicios esenciales es absurda. ¿No es acaso la educación un servicio esencial?

La lección que nos deja esta situación, además de la ineptitud de varios funcionarios que dicen una cosa y luego hacen otra, es que las asociaciones de colegios privados deberían unirse para enfrentar tanta arbitrariedad e improvisación y dar una batalla legal contra estos abusos. No es posible que en el país se haya hecho costumbre cerrar los colegios por cualquier dificultad. No cierren más las escuelas.

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