La imagen acechante de los tres buques de guerra estacionados en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela y el prepotente mensaje del presidente Trump a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, constituyen otro hecho injerencista que se suma a los que ya han tenido lugar, entre Estados Unidos y Canadá, Panamá, Colombia, México y Brasil. El martes, al ser consultada sobre la posibilidad de enviar militares a Venezuela, Leavitt dijo que el presidente Trump había sido claro y consistente al señalar que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país. Asimismo, dijo que “Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cártel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia» de Estados Unidos.

Después de esas declaraciones, la agencia de noticias Reuters informó que se habían enviado tres destructores estadounidenses con misiles guiados y 4.000 efectivos y marines cerca al límite marítimo de Venezuela. Un funcionario estadounidense, quien declaró a Reuters, bajo condición de anonimato, dijo que el proceso se extendería durante varios meses y que el plan era que operaran en el espacio aéreo y las aguas internacionales. Señaló también que los activos navales pueden utilizarse no solo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se tomaba la decisión. Además de prohibir el vuelo y la comercialización de drones en Venezuela, Maduro convocó a una campaña de alistamiento del ejército en todo el país y la movilización de 4,5 millones de milicianos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el despliegue naval estadounidense como “inaceptable” por violar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”. Sheinbaum siente en carne propia las presiones de la Casa Blanca por querer incursionar en territorio mexicano. De hecho, la semana pasada la presidenta tuvo que desmentir que en la frontera norte del país estuviera en marcha un “operativo especial” de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, y reclamó a dicha entidad que explicara porqué publicó un comunicado referente al denominado proyecto Portero –destinado a desmantelar a “los guardianes” de los cárteles del narcotráfico en la frontera– como si este estuviera vigente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro dijo que «cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe» y recordó que Colombia y Venezuela «son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia». También advirtió que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería «el peor error” y traería consecuencias negativas para la región en general. Asimismo, el asesor internacional del presidente Lula, Celso Amorim, expresó su «preocupación” por el riesgo de una escalada y reiteró que «el principio de la no intervención es fundamental” en la política exterior brasileña.

Los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA) se manifestaron en contra de cualquier operativo militar estadounidense que suponga la violación de la soberanía de cualquier país latinoamericano o caribeño, con independencia del motivo esgrimido por la Casa Blanca. Ecuador, Paraguay,........

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