Desde finales de la década de los 50 del pasado siglo XX, la agricultura española ha estado sometida a un proceso de una fuerte transformación estructural. La política centrada en el apoyo a la producción triguera a través de la fijación de precios y otras medidas proteccionistas con el objetivo de garantizar unos mínimos de renta para las pequeñas explotaciones terminó en un sonoro fracaso. El crecimiento industrial de los años sesenta del pasado siglo y la intensificación de la emigración rural hacia las urbes socavaron la producción agraria tradicional, se desplazó además a la agricultura de los objetivos macroeconómicos, trastocando el sector agrario en su estructura productiva y sus relaciones con los otros sectores económicos nacionales. Al mismo tiempo, el resultado ha sido que las ganancias de productividad en la agricultura y la ganadería españolas no se han reflejado en las rentas percibidas por nuestros agricultores y ganaderos, sino que se han transferido al resto del sistema económico español.

En el año 1964, la agricultura española concentraba más del 36% de la población activa, más del 16% del PIB agregado y más del 50% de las exportaciones, mientras que hoy representa el 4% del PIB y el 6% de la población activa. Sin embargo, lo más relevante es constatar que, desde los años 40 del siglo XX, la agricultura se vio obligada, como exportador neto de mercancías y capitales hacia el resto del sistema productivo español, a facilitar los recursos necesarios para la financiación del desarrollo de la economía española. Es decir, en las décadas de los 50 y 60 aquel sector agrario aportó los recursos y la mano de obra necesarios para el desarrollo de los sectores manufactureros, generando el éxodo rural y el fin de la agricultura tradicional. El sector primario no solo perdió una importante........

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