Denunciar un delito debería ser un acto sencillo y protegido por el Estado. Así lo establece el Código Penal, que lo define como deber ciudadano y obligación estricta para los servidores públicos.

Pero entre la norma y la realidad hay una brecha creciente. Hoy, quien intenta denunciar no siempre encuentra orientación clara, sino trámites confusos, respuestas incompletas y obstáculos que desaniman incluso al más persistente nos volvimos víctimas del delito y del trámite

No siempre fue así. Durante años, acudir a la Fiscalía o a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) significaba poder hablar con un funcionario, exponer el caso y recibir instrucciones precisas.

El sistema de atención directa —aunque imperfecto— ofrecía algo fundamental: contacto humano. Esa........

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