En 2020 se dictó la Ley 21.236 que reguló la portabilidad financiera. El Ejecutivo la impulsó pensando que existiría un gran interés entre los consumidores por contar con una alternativa efectiva para cambiar sus productos y servicios financieros de una institución a otra. La decisión de la autoridad no es neutral o aséptica: los costos de implementación de una regulación terminan traspasándose a los consumidores, de manera que cuando se constata el muy bajo rendimiento de una nueva regulación hay ineficiencia económica. En lo relativo a las tarjetas de crédito, la portabilidad financiera no tuvo aplicación.

A cinco años de su implementación, esta regulación deja una serie de lecciones. Primero, la importancia de abordar en forma adecuada los estudios de........

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