Por: Juanita Tovar

El reciente reconocimiento de seis excomandantes de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre su responsabilidad en el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores durante el conflicto armado no es solo una admisión de culpa, sino un espejo que refleja una de las heridas más profundas dejadas por la guerra en Colombia. Este hecho, lejos de ser un mero trámite judicial, desnuda una realidad atroz: miles de niños y adolescentes fueron arrancados de sus hogares, de sus sueños, de su inocencia, para ser convertidos en instrumentos de un conflicto que no eligieron. La magnitud del daño trasciende lo jurídico y se instala en lo humano, en lo social, en lo irreparable.

Las implicaciones legales de este reconocimiento son claras y contundentes. El reclutamiento de menores es considerado por el derecho internacional como un crimen de guerra, tipificado en el Estatuto de Roma y prohibido por convenios como los Protocolos de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño. Las FARC no solo violaron estas normas, sino que lo hicieron de manera sistemática y deliberada, lo que agrava su responsabilidad. Sin embargo, el hecho de que este reconocimiento se dé en el marco de la JEP plantea un dilema moral y jurídico: ¿es suficiente la justicia........

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