Preocupa el panorama de las elecciones presidenciales. La violencia ronda como ave de mal agüero amenazando el transcurso de las mismas. Los ciudadanos en su gran mayoría sentimos la presión indebida de hechos y circunstancias que sacan de la normalidad institucional el ejercicio de un derecho democrático como es la elección directa del presidente de la República.

La semana pasada estuvo marcada por actos de carácter terrorista que segaron la vida de varios colombianos desprevenidos e inermes. Los sucesos del Cauca y el Valle del Cauca, que afectaron desde Cali hasta varios municipios de los dos departamentos, con 26 actos violentos en un solo día, que alteraron la vida cotidiana de los ciudadanos, son hechos de extrema gravedad.

Nadie puede vivir su vida habitual en medio de tal incertidumbre. Es obligación del estado y del gobierno en particular, garantizar la seguridad de todos, sin excepción. El accionar de los violentos, sean quienes sean, debe ser reprimido por las fuerzas legítimas del orden. Para eso está depositado en las fuerzas militares y de policía, así como en el aparato judicial respectivo, el monopolio de las armas y el ejercicio de la autoridad.

Los colombianos estamos esperando que se actúe en consecuencia. No hay espacio para ninguna dilación. Está en juego el ejercicio libre de uno de los derechos democráticos torales de la institucionalidad republicana y la preservación de la paz social.

Además, ayuda a enrarecer el ambiente social el tono de una campaña en la que los dos extremos del espectro político han profundizado su estrategia política, orientándola hacia la descalificación absoluta del contrario. Digámoslo coloquialmente: para las vertientes gobiernistas, el “enemigo” es el uribismo, para el bando antigobiernista, el “enemigo” es el petrismo. Encarnados los dos en cada uno de los caudillos que lideran esas banderías.

Es tal el antagonismo planteado que se afirma la no se aceptación del triunfo contrario. Las sindicaciones de fraude electoral sin pruebas hechas con cierta frecuencia por el mismísimo presidente Petro, con el corolario que insinúa el desconocimiento de un resultado adverso, ha llevado a que las altas cortes desautoricen tales afirmaciones.

Pero también preocupa el tono de descalificación de los sectores tradicionales que hablan de “destripar” a los contrarios, o incluso de aplicar medidas punitivas de corte represivo judicial contra sus contradictores políticos en el caso de ganar las elecciones.

Las sindicaciones mutuas, van in crescendo. Hasta ahora tienen la forma de la agresión verbal, pero de ahí a un desmadre de consecuencias imprevisibles, no hay sino un paso.

Lo peor es que los gravísimos problemas del país, no tienen planteamientos serios para su solución. Todo se está reduciendo a la sindicación y descalificación del contrario. Otra vez nos estamos encaminando hacia épocas oscuras que creíamos superadas.

Neiva, 27 de abril de 2026

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