Creado: 10.03.2026 | 06:00

Actualizado: 10.03.2026 | 06:00

Tribunal Constitucional

«Queda mucho por hacer». La frase se repite como consigna incuestionable cada vez que se habla de igualdad. Y, en efecto, queda mucho por hacer. La cuestión es si lo que se está haciendo nos acerca a una igualdad real ante la ley o si, por el contrario, estamos consolidando un modelo ideológico que genera nuevas desigualdades mientras proclama combatir las antiguas.

Comencemos por la educación. España presenta una feminización casi absoluta en Educación Infantil —más del 90% del profesorado son mujeres— y claramente mayoritaria en Primaria y buena parte de Secundaria. No se trata de cuestionar la profesionalidad de las docentes, sino de señalar un desequilibrio estructural que nadie parece considerar problemático. Cuando las brechas afectan a las mujeres, se activan planes estratégicos; cuando afectan a los hombres, se naturalizan. Mientras tanto, los chicos obtienen peores resultados académicos, repiten más curso, abandonan antes el sistema educativo y titulan en la ESO en menor proporción que las chicas. Esta brecha, sostenida en el tiempo, apenas genera titulares ni planes específicos de intervención. En cambio, se multiplican —con razón o sin ella— los programas para incrementar la presencia femenina en ámbitos donde ya existe una tendencia creciente a la equiparación. ¿No debería la igualdad exigir coherencia? Si toda desigualdad es preocupante, lo es con independencia del sexo al que perjudique. En el ámbito jurídico, el debate es aún más delicado. La Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género introdujo un tratamiento penal diferenciado en función del sexo del agresor en determinados supuestos. El Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad, pero el debate doctrinal nunca desapareció. Más de veinte años después, resulta legítimo preguntarse si una legislación que establece respuestas penales distintas según el sexo del autor encaja sin tensiones en el principio de igualdad ante la ley. Se puede y se debe combatir con firmeza la violencia contra las mujeres. Pero eso no impide examinar críticamente si el marco normativo vigente es el más adecuado, si ha reducido eficazmente los delitos que pretende erradicar o si ha generado efectos colaterales indeseados. La evaluación de resultados no debería interpretarse como una agresión ideológica, sino como una exigencia democrática básica. Por otro lado, existe un dato persistente que rara vez ocupa el centro del debate: el suicidio masculino. Las estadísticas oficiales muestran una proporción muy superior de hombres que se quitan la vida frente a mujeres. Este drama humano, constante y silencioso, apenas moviliza recursos específicos ni campañas de sensibilización comparables a otras problemáticas. Si la política pública se guía por la magnitud del problema, ¿por qué esta brecha no suscita la misma prioridad? En materia presupuestaria, el incremento de los fondos destinados a políticas de igualdad ha sido exponencial en la última década. El debate no debería centrarse en caricaturas, sino en la rendición de cuentas: ¿se evalúan con rigor los resultados de las campañas?, ¿se someten los programas a auditorías de impacto?, ¿existe transparencia suficiente sobre la eficacia real del gasto? En cualquier otra área de la Administración, estas preguntas serían normales; en esta, parecen tabú. A ello se añade un clima social donde la discrepancia se percibe con frecuencia como sospechosa. Cuestionar determinados postulados del feminismo institucional no equivale a negar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el espacio público tiende a simplificar el debate en términos de adhesión o condena. Esta dinámica empobrece la deliberación democrática y refuerza la polarización. Muchos jóvenes varones manifiestan sentirse señalados por un discurso que los presenta, implícitamente, como grupo de riesgo moral. No se trata de exagerar ni de victimizar, pero tampoco de ignorar esa percepción. Cuando una parte significativa de la juventud se distancia del relato oficial, conviene preguntarse qué está fallando. La igualdad no puede construirse sobre la desconfianza sistemática hacia uno de los sexos. «Queda mucho por hacer», sí. Pero quizá lo que queda por hacer no sea intensificar la lógica identitaria ni aumentar el volumen presupuestario, sino recuperar el principio elemental de igualdad jurídica sin apellidos. Combatir toda forma de violencia, atender todas las brechas educativas, abordar todos los dramas sociales —también los que afectan mayoritariamente a hombres— y someter las políticas públicas a evaluación objetiva. Si la igualdad se convierte en un proyecto selectivo, pierde legitimidad. Si se transforma en un espacio blindado frente a la crítica, pierde calidad democrática. Y si se utiliza como herramienta partidista, pierde credibilidad. Tal vez, efectivamente, queda mucho por hacer. Pero hacerlo mejor exige atreverse a revisar lo hecho. Sin consignas. Sin inmunidades ideológicas. Y sin asumir que toda crítica es, por definición, una amenaza.

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