10 de enero 2025 - 03:04

Una de las principales anomalías democráticas del actual contexto político español es que el titular de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, permanece en el cargo de máximo responsable de la Acusación Pública cuando él mismo está siendo investigado por la supuesta comisión de delitos. La Fiscalía, que tiene un papel crucial en cualquier proceso penal, se ve sometida a una indeseable situación: formalmente acusa a su máximo superior en una carrera que se rige por el principio de autoridad jerárquica. Sólo por eso, tenía la obligación de renunciar, pero el Gobierno rechazó de plano una dimisión y no pierde oportunidad de hacer una defensa de su actuación como si se tratase de un integrante más del Gabinete, lo que supone una grave distorsión........

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