El Pacto de Progreso dejó a este gobierno un Plan de Vivienda 2021-2025 dotado con más de 660 millones de euros y que incluye numerosas actuaciones, entre ellas la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler. Y este Ejecutivo conservador lo que ha hecho hasta ahora es un decreto ley, pactado solo con los empresarios de la construcción, que un año después de su aprobación ha fracasado por completo, y, asimismo, plantear una modificación del REF a hurtadillas, sin debate ni consenso, para recuperar un modelo de materialización de la RIC en viviendas para destinarlas al arrendamiento en el mercado libre que ya demostró en el pasado su ineficacia y carácter especulativo, lo que llevó a su eliminación en 2007.

El acceso a una vivienda digna a precios razonables es una de las mayores preocupaciones sociales. Una circunstancia que afecta a los jóvenes, que ven truncadas sus expectativas de emancipación, y a las personas y familias de distintas edades que se ven empobrecidas al dedicar una parte sustancial del salario al elevado pago del alquiler. Se requieren actuaciones urgentes que garanticen un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución y en el 22 de nuestro Estatuto, que señala que los poderes públicos canarios “deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables”.

Distintos factores están complicando el acceso a la vivienda en la Islas. Entre ellos el fuerte crecimiento poblacional experimentado en las últimas décadas – estrechamente vinculado a nuestro crecimiento turístico-, la inacción de los gobiernos de CC durante quince años en la promoción de vivienda pública o el impacto de la conversión en turística vacacional de parte del parque de vivienda residencial. Todo ello en una comunidad con apenas un 2%........

© Diario de Avisos