El crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo invita racionalmente a un profundo pesimismo. La puesta en práctica de sus ideas causa un enorme daño. Fragmenta a las sociedades. Estimula el odio y la violencia hacia distintos colectivos por su procedencia nacional, el color de su piel, su religión o su identidad sexual. Potencia el desmantelamiento del estado social a costa de los pensionistas y de la mayoría social, especialmente las personas más vulnerables. Apuesta por el incremento exponencial del gasto en armamento a costa de reducir la inversión social. Y deja la impresión de que su extensión es casi inevitable, un signo de los tiempos ante el que poco o nada cabe hacer. Y, sin embargo, considero que esto no es así, que es posible y necesario frenar el crecimiento ultra; que resulta un deber, ético y político, enfrentarse a sus planteamientos y generar condiciones para desarrollar actuaciones orientadas hacia mayores niveles de equidad, de justicia y de armónica convivencia. Aunque a veces no lo parezca, hay partido. Como sucedió en julio del 2023 en el Estado español o un año después en Francia.

El ideario de las extremas derechas supone una enmienda a la totalidad a los valores democráticos y a los derechos humanos y al estado social. Lo podemos observar en su racismo y xenofobia, que en Canarias y el Estado español se concreta en su declarada guerra contra las personas migrantes, culpándolas de todos los males, deshumanizándolas. Pidiendo su expulsión, a sabiendas de que, incluso desde un punto de vista exclusivamente interesado y egoísta, supondría un enorme problema económico y social deshacerse de quienes realizan las tareas agrícolas o de servicios más penosas (y peor remuneradas) o los cuidados a nuestros mayores y dependientes. En condiciones laborales que se hace preciso modificar.

Lo último ha sido el expresado deseo de Abascal de hundir al Open Arms, embarcación que realiza la humanitaria tarea de rescatar inmigrantes, de salvar vidas en el mar.........

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