La vivienda está en el eje del debate social y político; y, sobre todo, se encuentra entre las necesidades más urgentes de muchas personas. Aunque constituye un derecho constitucional y estatutario, es claramente incumplido y decenas de miles de canarios y canarias anhelan conseguir una casa y que su pago no les dañe aún más su precaria economía. Garantizar el acceso a una vivienda en condiciones es imprescindible para que las personas puedan llevar una vida digna. Por eso, Nueva Canarias-Bloque Canarista acaba de presentar una proposición no de ley (PNL) para la modificación de la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias, con la intención de actualizarla y hacerla más eficaz. Para que contribuya a solucionar nuestro grave problema habitacional. Para que reconozca el acceso a una vivienda como un derecho subjetivo público que las administraciones están obligados a prestar a los ciudadanos y ciudadanas.

El acceso a la vivienda en las Islas muestra una evolución muy negativa en este siglo XXI. Marcada por el crecimiento descontrolado del precio de los alquileres y la escasez de viviendas a un precio asequible (más grave aún en una comunidad que destaca por sus bajos salarios), de manera más aguda en zonas donde el mercado está altamente tensionado. En lo que está siendo determinante nuestro fuerte aumento poblacional de las últimas décadas.
Con escasas actuaciones durante casi veinte años, hasta que el Pacto de Progreso logró un gran acuerdo social e impulsó y aprobó el Plan de Vivienda 2021-2025 dotado con más de 660 millones de euros y que incluye numerosas actuaciones, entre ellas la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler.

Vivienda protegida
A los factores señalados se le añade la falta de promociones de vivienda protegida, tanto de carácter social como a precio limitado en alquiler. Nuestra comunidad es la segunda del Estado que menos vivienda ha construido en las dos últimas décadas. Lo que se convierte en un gran........

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