Los avances en políticas sociales en España siempre han venido de la mano del Partido Socialista. Nada de lo que hoy protege a la mayoría social nació por azar.

La Ley General de Sanidad de 1986, que universalizó el acceso a la salud; la educación pública y el sistema de becas, que garantizan la igualdad de oportunidades con independencia del origen o la renta; la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoció la violencia machista como un problema estructural; la Ley de matrimonio igualitario, que permitió a las personas amar y formar una familia con quien quisieran; la reforma de 2005 que agilizó los procesos de separación y divorcio; la Ley de Dependencia, aprobada en 2006; la modificación del artículo 49 de la Constitución para desterrar el término “disminuido”; y la reciente aprobación de la Ley ELA son buena prueba de ello.

Lo público no es caridad, ni asistencialismo: es justicia social hecha derecho. Cuando se debilita lo público, se rompe la igualdad. Lo afirmo desde una convicción política arraigada en los valores de la izquierda a la que pertenezco, pero también desde una experiencia profesional siempre cercana a los servicios sociales y a la realidad cotidiana de quienes necesitan del respaldo del Estado, que es la mayoría social de este país: jóvenes, trabajadores, personas mayores, familias, personas con discapacidad, mujeres cuidadoras y tantos otros ciudadanos y ciudadanas que dependen de unos servicios públicos fuertes.

Esa experiencia me ha enseñado que el Estado........

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